La responsabilidad de los padres pobres

 

                                               Por el lic. Osvaldo Agustín Marcón

                                                  

Las configuraciones ideológicas dominantes se valen de diversas estrategias para lograr y mantener su vigencia hegemónica. Una de ellas es el contrabando ideológico, mecanismo a través del cual se promueven unas ideas pero escondiéndolas detrás de otras.

En el campo de las infancias excluidas esto adquiere sus particularidades. Así se observa cómo tras la socialmente aceptable pretensión de lograr la responsabilización ingresa solapadamente otra pretensión ideológica como lo es la sobre-responsabilización paterna, idea oculta (sobre-responsabilización) que inclusive opera con mucha mayor eficacia que la visible (responsabilización).

El escondite se construye en los intersticios de convicciones humanistas, tales como la búsqueda de la autonomía y la libertad de las personas ante el orden estatal, o el protagonismo de la sociedad civil en la gestión de sus problemas. Es cierto que la participación del ciudadano y sus organizaciones constituye un principio mayoritariamente compartido desde distintas posiciones ideológicas. Pero también es cierto que el neoliberalismo se ha valido de estas ideas no para fortalecerlas sino para, entre otras cosas, acelerar los procesos de acumulación de capital en unos pocos a través de la raquitización del Estado y sus políticas sociales. Así, tras la apariencia de una mayor autonomía individual y grupal, promovió la orfandad social de amplios sectores poblacionales, todo a la par de conductas ciudadanas altamente individualistas. Subrayemos entonces que no siempre que las ideologías dominantes dicen promover unas ideas lo están haciendo realmente sino que muchas veces buscan la retirada estatal -fundamentalmente presupuestaria- del campo de las problemáticas sociales.

En relación a esto el prestigioso intelectual francés Loïc  Wacquant cuestiona lo que denomina "el imperativo de la responsabilidad" por considerarlo exportado directamente por los Estados Unidos para transformar la responsabilidad en un "fetiche" que se establece, citando sus expresiones, como una salmodia a través de la cual se trata de convencer al mundo de que "...hay que `atreverse' a responsabilizar y castigar, en suma, a `poner en vereda' a los sectores de las clases populares recaídos, en cierta forma, en la barbarie, para no decir en la animalidad...". (1)

No pocas veces esta convocatoria a "atreverse" a responsabilizar es leída por las burocracias locales (usualmente fascinadas con las luces del Primer Mundo) como cierta apelación a su virilidad ciudadana en tanto supuesta fortaleza que es convocada para una cruzada de valientes, viril valentía que -claro está- no es puesta en juego al momento de responsabilizar a otros niveles del poder real (ejemplo: ante el denominado "delito de cuello blanco").

Al respecto puede suponerse que la República Argentina ha dado un paso adelante en octubre del corriente año al sancionar la denominada Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Su sanción puede llegar a significar (el tiempo lo dirá) un golpe a la ideología tutelar, estrechamente vinculada a la ahora derogada Ley del Patronato del Estado. Aquel Patronato facilitó tácitamente el desarrollo de matrices de pensamiento que se articulan directamente con una concepción asimétrica de la responsabilidad, donde los padres son poco menos que demonizados aún cuando también son víctimas de violaciones sobre sus derechos sociales. De ellos se pretendía, en el contexto de la ideología tutelar, que respondieran con conductas propias de incluidos aún siendo excluidos sociales.

La nueva ley, claro está, ofrece múltiples cuestiones a discutir pero una se relaciona estrechamente con el tema objeto de este artículo. Se trata de lo expresado por el Artículo 7º, dedicado a la responsabilidad familiar, al considerar que "La familia es responsable en forma prioritaria de asegurar a las niñas, niños y adolescentes el disfrute pleno y el efectivo ejercicio de sus derechos y garantías. El padre y la madre tienen responsabilidades y obligaciones comunes e iguales en lo que respecta al cuidado, desarrollo y educación integral de sus hijos."

Hasta aquí la norma coloca todas las responsabilidades de un lado (el de los padres). Pero luego incluye un párrafo que introduciría un giro trascendente en tanto incorpora la idea de la co-responsabilidad en la tarea al sostener que "Los organismos del Estado deben asegurar políticas, programas y asistencia apropiados para que la familia pueda asumir adecuadamente esta responsabilidad, y para que los padres asuman, en igualdad de condiciones, sus responsabilidades y obligaciones".

Tenemos entonces que el Estado ha balanceado la distribución de responsabilidades en oposición a las ideas dominantes referenciadas más arriba. Cabe esperar que, ahora, a la norma jurídica le sigan las acciones concretas.

(1)   Wacquant, Loïc "Las cárceles de la miseria". Manantial, Buenos Aires, 2000.

 

El Litoral, Santa Fe, 13 de noviembre de 2005.