Procuración General de la Nación
-I-
La Sala VI de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal
y Correccional de esta ciudad confirmó la decisión de
la Juez de primera instancia por la que declaró
extinguida, por prescripción, la acción penal respecto
de Miguel Ángel Espósito, y lo sobreseyó
definitivamente con r elación al hecho que damnificó a
Walter David Bulacio, por el que había sido
oportunamente acusado (artículos 59, inciso 3°; 62,
inciso 2°; y 144 bis, inciso 1°, con las agravantes
descriptas en los incisos 2° y 3° del artículo 142 del
Código Penal).
Contra este pronunciamiento, el Fiscal General ante
ese tribunal interpuso el recurso extraordinario que
fue concedido a fs. 129.
-II-
El recurrente cuestiona que en el cómputo del plazo de
prescripción se haya omitido considerar, sin dar razón
alguna, actos interruptivos invocados por el
Ministerio Fiscal, tales como los numerosos traslados
a la defensa para que contestara la acusación, las
sucesivas prórrogas acordadas a esa parte para el
cumplimiento de dicho acto, las respuestas de la parte
acusadora a cada una de las excepciones e incidencias
interpuestas por el letrado defensor y las
resoluciones de primera y segunda instancia que las
rechazaron.
En conclusión, afirma que ese déficit de
fundamentación convierte al decisorio atacado en
arbitrario y lesivo, por tanto, de las garantías de
defensa en juicio y del debido proceso (artículo 18 de
la Constitución Nacional).
-III-
No paso por alto que, según la jurisprudencia de V.E.,
la determinación de los actos procesales que
constituyen secuela del juicio a los efectos de
considerar interrumpida la prescripción de la acción
penal, es materia de hecho y de derecho común, propia
de los jueces de la causa y ajena, por principio, a
esta instancia extraordinaria (Fallos: 304:596;
307:2504; 308:627 y 311:1960). Sin embargo, la Corte
ha hecho excepción a esa regla y ha admitido el
recurso extraordinario cuando el pronunciamiento
recurrido contiene afirmaciones dogmáticas o carece de
fundamentación suficiente para ser considerado un acto
judicial válido (Fallos: 312: 1221; 320:2957; 321:479
y 325:2129).
A mi modo de ver, esa situación es la que se presenta
en autos, pues el a quo resolvió que la acción penal
había prescripto por considerar que el último acto
interruptivo había sido la acusación del querellante
particular, sin fundamentar, sin embargo, debidamente
-ni siquiera por la remisión efectuada al plenario
citado - por qué los actos posteriores mencionados por
el Ministerio Fiscal, a pesar de remover obstáculos
procesal es y tender así a la obtención de una
sentencia definitiva, no podrían revestir también el
carácter de secuela del juicio, en los términos del
artículo 67, párrafo cuarto, del Código Penal.
Pienso, asimismo, que el tratamiento adecuado de estos
extremos se imponía aun más en el sub examine en el
que se halla en discusión el cumplimiento por parte de
la República Argentina de la obligación de investigar
seriamente las violaciones de los derechos humanos y
castigar a sus autores, contemplada en el artículo 1.1
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos;
aspecto éste que -no está de más mencionarlo- fue
objeto de expresa consideración por parte la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia
del 18 de septiembre de 2003, en el caso "Bulacio vs.
Argentina", al referirse ese tribunal a otras formas
de reparación -de índole no pecuniaria- que compete
adoptar el Estado argentino frente al reconocimiento
de responsabilidad efectuado (cf. párrafos 105, 109 y
siguientes).
Considero, en conclusión, que el a quo omitió el
examen y resolución de una cuestión que, a mi juicio,
resulta conducente para la adecuada solución del caso,
falencia ésta que, de acuerdo con la doctrina de la
arbitrariedad de sentencias elaborada por V.E.,
autoriza a descalificar al fallo apelado como acto
jurisdiccional válido (Fallos: 305:1236; 312:1150;
314:733; 316:1752; 317:1583 y 319:434, entre muchos
otros).
Por lo expuesto, y los demás fundamentos vertidos por
el señor Fiscal General, mantengo el recurso
extraordinario.
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2003
NICOLÁS EDUARDO BECERRA

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2004.
Vistos los autos: "Espósito, Miguel Ángel s/ incidente
de prescripción de la acción penal promovido por su
defensa".
Considerando:
1º) Que la Sala VI de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la
Capital Federal confirmó la decisión de la jueza de
primera instancia que declaró extinguida por
prescripción la acción penal respecto de Miguel Ángel
Espósito, y lo sobreseyó definitivamente por el hecho
cometido en perjuicio de Walter David Bulacio, por el
que fuera acusado (arts. 59, inc. 3 º, 62, inc. 2º,
144 bis, inc. 1º, con las agravantes previstas en los
incs. 2 º y 3º del art. 142, Código Penal). Contra
dicha resolución, el fiscal interpuso el recurso
extraordinario de fs. 85/90, con cedido a fs. 129.
2º) Que el recurrente sostiene que el a quo, al
computar el plazo de prescripción de la acción penal,
omitió considerar el efecto interruptivo de actos
posteriores a la acusación de la querella, en
particular, de los diversos traslados a la defensa.
Según su punto de vista, "en una línea amplia sobre la
interpretación del término 'secuela de juicio', son
idóneos a esos fines todos aquellos actos procesales
que forzosa e inevitablemente deben ocurrir para que
el órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones
de resolver la cuestión de fondo o poner fin al
proceso de cualquier otra manera, aunque éstos fueran
dictados a petición de parte y como defensa de fondo".
3º) Que no corresponde que esta Corte revise por la
vía del art. 14 de la ley 48 lo relativo al alcance
amplio o restringido del concepto de "secuela de
juicio", en los términos del art. 67, párr. 4 º, del
Código Penal, por cuanto se trata de una cuestión que
remite al examen de temas de derecho procesal y común,
propios de los jueces de la causa y ajenos al recurso
extraordinario (Fallos: 304:596; 307:2504; 308:627 y
311:1960).
4º) Que, por lo demás, la decisión apelada no puede
ser calificada de arbitraria, pues ella encuentra
fundamento suficiente en el criterio sostenido
pacíficamente por el a quo en los precedentes que
cita, y la solución de fondo, en cuanto rechaza que
los actos de la defensa puedan tener efecto
interruptivo de la prescripción de la acción penal, de
ningún modo puede ser considerada un apartamiento
inequívoco de la solución normativa prevista para el
caso, sino todo lo contrario (conf. doctrina de
Fallos: 323:982).
5º) Que, por lo tanto, el recurrente ha limitado sus
agravios a una mera discrepancia con lo resuelto por
la cámara sobre temas no federales. Por regla general,
ello constituiría fundamento suficiente para rechazar
el recurso extraordinario introducido. Sin embargo, no
puede soslayarse la circunstancia de que en el sub
lite el rechazo de la apelación tendría como efecto
inmediato la confirmación de la declaración de
prescripción de la acción penal, en contravención a lo
decidido por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en su sentencia del 18 de septiembre de 2003
en el caso " Bulacio vs. Argentina", en el que se
declarara la res ponsabilidad internacional del Estado
Argentino entre otros puntos por la deficiente
tramitación de este expediente.
6º) Que la decisión mencionada resulta de cumplimiento
obligatorio para el Estado Argentino (art. 68.1,
CADH), por lo cual también esta Corte, en principio,
debe subordinar el contenido de sus decisiones a las
de dicho tribunal internacional.
7º) Que según se desprende de la sentencia
internacional citada, la declaración de la
prescripción de la acción penal en estos actuados
representaría una violación a los derechos
garantizados por la Convención Americana sobre
Derechos Humanos. En efecto, de acuerdo con el texto
de dicha decisión, en el marco de un acuerdo de
solución amistosa, el Estado Argentino reconoció su
responsabilidad internacional en el caso, en lo que
aquí interesa, en los siguientes términos: "El
Gobierno reconoce la responsabilidad por la violación
a los derechos humanos de Walter David Bulacio y su
familia, con base en la demanda efectuada por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ese
sentido se deja constancia de que Walter David Bulacio
fue víctima de una violación a sus derechos en cuanto
a un inapropiado ejercicio del deber de custodia y a
una detención ilegítima por incumplimientos
procedimentales" (' 32,1). Con relación a este punto,
el Estado reconoció que la detención fue ilegal, por
incumplimiento de las norma s internas que obligan a
los funcionarios policiales a dar aviso a los padres,
informar a las personas menores de edad sobre las
causas de la detención y dar intervención a un juez
sin demora. Asimismo, se reconoció la responsabilidad
por la violación del derecho a la vida y la integridad
física, por un inapropiado ejercicio del deber estatal
de custodia, por la no adopción de las medidas de
protección que la condición de menor requería y por
haberse excedido los estándares internacionales en
materia de plazo razonable y en materia de recursos
efectivos ( ' 33).
En lo atinente a los recursos internos, la Corte
Interamericana tuvo por probado que en la presente
causa judicial, seguida por las lesiones y muerte de
Walter David Bulacio, se han producido diversas
actuaciones que originaron una dilación en el proceso
y "A la fecha no existe un pronunciamiento firme por
parte de las autoridades judiciales sobre el conjunto
de los hechos investigados. Nadie ha sido sancionado
como responsable de éstos" ( ' 69, A, 6). Asimismo, se
indica que desde que se corrió traslado de la
acusación del fiscal, la defensa del comisario
Espósito "promovió una extensa serie de diferentes
articulaciones y recursos (...) que han impedido que
el proceso pudiera avanzar hasta su culminación
natural, lo que ha dado lugar a que se opusiera la
prescripción de la acción penal" ( ' 113).
8º) Que según la Corte Interamericana "esta manera de
ejercer los medios que la ley pone al servicio de la
defensa, ha sido tolerada y permitida por los órganos
judiciales intervinientes, con olvido de que su
función no se agota en posibilitar un debido proceso
que garantice la defensa en juicio, sino que debe
además asegurar en tiempo razonable, el derecho de la
víctima o sus familiares a saber la verdad de lo
sucedido y que se sancione a los eventuales
responsables. El derecho a la tutela judicial efectiva
exige entonces a los jueces que dirijan el proceso de
modo de evitar que dilaciones y entorpecimientos
indebidos conduzcan a la impunidad, frustrando así la
debida protección judicial de los derechos humanos"
('' 114 y sgtes.).
9º) Que con relación a la "prescripción de la causa
pendiente a nivel de derecho interno", la Corte
Interamericana señaló, específicamente, que "son
inadmisibles las disposiciones de prescripción o
cualquier obstáculo de derecho interno mediante el
cual se pretenda impedir la investigación y sanción de
los responsables de las violaciones de derechos
humanos" (' 116).
10) Que, en consecuencia, la confirmación de la
decisión por la cual se declara extinguida por
prescripción la acción penal resultaría lesiva del
derecho reconocido en este caso a las víctimas a la
protección judicial, y daría origen, nuevamente, a la
responsabilidad internacional del Estado Argentino.
Desde esa perspectiva, el ámbito de decisión de los
tribunales argentinos ha quedado considerablemente
limitado, por lo que corresponde declarar inaplicables
al sub lite las disposiciones comunes de extinción de
la acción penal por prescripción en un caso que, en
principio, no podría considerarse alcanzado por las
reglas de derecho internacional incorporadas a nuestro
ordenamiento jurídico en materia de
imprescriptibilidad ("Convención sobre desaparición
forzada de personas" ley 24.556, art. VII y
"Convención sobre la imprescriptibilidad de los
crímenes de guerra y de los crímenes de lesa
humanidad" ley 24.584).
11) Que, por tales razones, habrá de hacerse lugar al
recurso extraordinario interpuesto por el
representante del Ministerio Público.
12) Que, sin perjuicio de lo precedentemente expuesto,
corresponde dejar sentado que esta Corte no comparte
el criterio restrictivo del derecho de defensa que se
desprende de la resolución del tribunal internacional
menciona do. En efecto, tal como ya se señaló en este
mismo expediente (conf. Fallos: 324:4135, voto de los
jueces Petracchi y Bossert), son los órganos estatales
quienes tienen a su cargo el deber de asegurar que el
proceso se desarrolle normalmente, y sin dilaciones
indebidas. Hacer caer sobre el propio imputado los
efectos de la infracción a ese deber, sea que ella se
haya producido por la desidia judicial o por la
actividad imprudente del letrado que asume a su cargo
la defensa técnica, produce una restricción al derecho
de defensa difícil de legitimar a la luz del derecho a
la inviolabilidad de dicho derecho conforme el art. 18
de la Constitución Nacional. La circunstancia de que
sea el defensor del imputado quien haya generado tales
dilaciones en nada modifica la situación, pues la
defensa sólo es inviolable cuando puede ser ejercida
en forma amplia. En todo caso, cuando el defensor la
ejerza indebidamente, es al Estado a quien le
corresponderá encauzar el procedimiento en debida
forma, pero en cualquier caso, no es el imputado quien
debe velar por la celeridad del proceso ni sufrir las
consecuencias de incumplimientos ajenos (conf. en este
sentido Fallos: 322:360, disidencia de los jueces
Petracchi y Boggiano, considerando 19, in fine).
13) Que con referencia a la conducta procesal del
imputado, este Tribunal ha afirmado (Fallos: 323:982,
considerando 10 del voto de la mayoría) que ella es ir
relevante para interrumpir la prescripción, y que no
obsta a la extinción de la acción penal y al
reconocimiento de su derecho a un pronunciamiento sin
dilaciones indebidas, "la negligencia que podría haber
tenido la encausada en comparecer en la causa
provocando su consecuente dilación, pues, como es
obvio, no está en aquélla instar la prosecución del
proceso instruido en su contra, ni su conducta sujeta
a las normas de procedimiento puede incidir en la
objetiva aplicación del instituto de la prescripción".
14) Que, en cambio, el fallo de la Corte
Interamericana soluciona la colisión entre los
derechos del imputado a una defensa amplia y a la
decisión del proceso en un plazo razonable íntimamente
relacionado con la prescripción de la acción penal
como uno de los instrumentos idóneos para hacer valer
ese derecho (conf. citas de Fallos: 322:360, voto de
los jueces Petracchi y Boggiano, considerando 9 º), a
través de su subordinación a los derechos del
acusador, con fundamento en que se ha constatado en el
caso una violación a los derechos humanos en los
términos de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos. Ello, por cierto, bien puede bastar para
generar la responsabilidad internacional del Estado in
fractor, pero no para especificar cuáles son las
restricciones legítimas a los derechos procesales de
los individuos que resulten imputados penalmente como
autores o cómplices del hecho que origina la
declaración de responsabilidad internacional.
15) Que a ello se suma, en el caso, que la restricción
de los derechos del imputado que deriva de la
inoponibilidad de la prescripción es consecuencia de
los hechos reconocidos por el gobierno argentino, en
el marco de un procedimiento de derecho internacional
en el que el acusa do no ha tenido posibilidad alguna
de discutirlos. Por otro lado, la fijación de las
circunstancias de hecho de las que deriva la
declaración de responsabilidad se produjo por medio de
un procedimiento formal consecuencia del
reconocimiento de su responsabilidad internacional por
parte del Estado desvinculado del principio de
averiguación de la verdad real que rige en materia
procesal penal (conf. la decisión de la Corte
Interamericana de omitir la consideración de los
peritajes presentados por el Estado Argentino que se
dirigían a desvirtuar los hechos de fondo, ' 59).
16) Que, en consecuencia, se plantea la paradoja de
que sólo es posible cumplir con los deberes impuestos
al Estado Argentino por la jurisdicción internacional
en materia de derechos humanos restringiendo
fuertemente los derechos de defensa y a un
pronunciamiento en un plazo razonable, garantizados al
imputado por la Convención Interamericana. Dado que
tales restricciones, empero, fueron dispuestas por el
propio tribunal internacional a cargo de asegurar el
efectivo cumplimiento de los derechos reconocidos por
dicha Convención, a pesar de las reservas señaladas,
es deber de esta Corte, como parte del Estado
Argentino, darle cumplimiento en el marco de su
potestad jurisdiccional.
17) Que la actuación de los jueces que han intervenido
en la tramitación de la presente investigación fue
calificada por la Corte Interamericana como tolerante
y permisiva respecto de las dilaciones en que se
incurriera en la causa (conf. '' 113 y sgtes.). En
tales condiciones, corresponde remitir testimonios de
la presente al Consejo de la Magistratura, a fin de
que se determinen las posibles responsabilidades.
Por ello, habiendo dictaminado el señor Procurador
General, se declara procedente el recurso
extraordinario y se revoca la sentencia apelada.
Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que
por quien corresponda se dicte nuevo pronunciamiento
de conformidad con la presente. Hágase saber, cúmplase
con la remisión de testimonios ordenada y,
oportunamente, remítase.

ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO
(según su voto)- CARLOS S. FAYT (según su voto)
ANTONIO BOGGIANO (según su voto) - JUAN CARLOS MAQUEDA
(según su voto)- E. RAUL ZAFFARONI - ELENA I. HIGHTON
de NOLASCO (según su voto).

VOTO DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE DOCTOR DON AUGUSTO CESAR
BELLUSCIO Y DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON JUAN CARLOS
MAQUEDA
Considerando:
1º) Que el apelante, en el escrito de fs. 298/299
plantea la nulidad absoluta de la resolución de esta
Corte del 19 de diciembre de 2003 por la que se
declaró improceden te la reposición de la resolución
del 11 de noviembre de 2003 por la que se había
rechazado in limine la recusación intentada contra el
señor ministro doctor don E. Raúl Zaffaroni.
2º) Que desde los albores de la actuación del Tribunal
se ha declarado que las sentencias de la Corte Suprema
no son susceptibles del recurso de nulidad y que, por
vía de principio y con fundamento en el carácter final
de sus fallos, no resulta tampoco admisible el
incidente de nulidad (Fallos: 247:285; 256:601;
265:133; 297:381; 303:241; 306: 2070; 311:458, 1455).
3º) Que en cuanto al fondo del asunto sometido a
consideración de este Tribunal, cabe señalar que
contra la resolución dictada por la Sala VI de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional de la Capital Federal que al confirmar la
de la instancia anterior declaró extinguida por
prescripción la acción penal instaurada respecto de
Miguel Ángel Espósito en orden al delito de privación
ilegal de la libertad agravada, cometido en perjuicio
de Walter David Bulacio, el representante del
Ministerio Público Fiscal interpuso recurso
extraordinario federal que, concedido a fs. 129, fue
mantenido en esta instancia a fs. 250/251.
4º) Que el apelante atribuye arbitrariedad al fallo
pues el a quo resolvió que la acción penal se
encontraba prescripta al considerar que el último acto
interruptivo había sido la acusación del querellante
particular, sin funda mentar por qué los actos
posteriores mencionados por el Ministerio Fiscal, a
pesar de remover obstáculos procesales y tender a la
Corte sostuvo: "117. De acuerdo con las obligaciones
convencionales asumidas por los Estados, ninguna
disposición o instituto de carácter interno, entre
ellos la prescripción, podría oponerse al cumplimiento
de las decisiones de la Corte en cuanto a la
investigación y sanción de los responsables de las
violaciones de los derechos humanos..." y decidió: "1.
admitir el reconocimiento de responsabilidad
internacional efectuado por el Estado..."; 4º) "...el
Estado debe proseguir y concluir la investigación del
conjunto de los hechos de este caso y sancionar a los
responsables de los mismos; que los familiares de la
víctima deberán tener pleno acceso y capacidad de
actuar, en todas las etapas e instancias de dichas
investigaciones, de conformidad con la ley interna y
las normas de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos...".
9º) Que tanto de los términos expresos de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos como de su
con texto se desprende que cuando ese instrumento
convencional ha querido asignar carácter obligatorio a
las decisiones emanadas de sus órganos de aplicación
lo hizo en forma explícita. En este sentido la
Convención dispone que "...Los Estados Partes en la
Convención se comprometen a cumplir la decisión de la
Corte en todo caso en que sean partes..." (art. 68.1),
por lo que la obligatoriedad del fallo no admite dudas
en la medida que el Estado Nacional ha reconocido
explícitamente la competencia de ese tribunal
internacional al aprobar la citada convención (ley
23.054).
Por ello, de conformidad con lo dictaminado por el
señor Procurador General, se rechaza la presentación
de fs. 298/ 299, se declara procedente el recurso
extraordinario y se deja sin efecto la sentencia
apelada. Vuelvan los autos al tribunal de origen para
que, por quien corresponda, se dicte un nuevo
pronunciamiento con adecuación al presente.
Notifíquese y, oportunamente, remítase.

AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - JUAN CARLOS MAQUEDA.

VOTO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON CARLOS S. FAYT
Considerando:
1º) Que la Sala VI de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la
Capital Federal confirmó la decisión de primera
instancia que había declarado extinguida por
prescripción la acción penal respecto de Miguel Ángel
Espósito y lo sobreseyó definitivamente por el hecho
cometido en perjuicio de Walter David Bulacio, por el
que fuera acusado privación ilegal de la libertad
agravada (arts. 59, inc. 3º, 62, inc. 2º, y 144 bis,
inc. 1º y 142, incs. 2º y 3º del Código Penal). Contra
dicha resolución, el fiscal interpuso el recurso
extraordinario de fs. 85/90.
2º) Que el recurrente cuestiona que en el cómputo del
plazo de prescripción el a quo haya omitido
considerar, sin dar razón alguna, actos interruptivos
invocados por el Ministerio Fiscal. Afirma que ese
déficit de fundamentación convierte al decisorio
atacado en arbitrario y lesivo, por tanto, de las
garantías de defensa en juicio y del debido proceso
(art. 18 de la Constitución Nacional).
3º) Que los agravios expresados suscitan cuestión
federal bastante para habilitar la vía intentada,
conforme con la jurisprudencia del Tribunal, según la
cual son susceptibles de descalificación las
sentencias que omiten el examen y tratamiento de
alguna cuestión oportunamente propuesta, siempre que
así se afecte de manera sustancial el derecho del
apelante y lo silenciado sea conducente para la
adecuada solución de la causa (Fallos: 317:1583 y sus
citas, entre muchos otros).
4º) Que esa situación se configura en el sub examine,
pues el a quo resolvió que la acción penal había
prescripto por considerar que el último acto
interruptivo había sido la acusación del querellante
particular, sin fundamentar debidamente, por qué
determinados actos posteriores invocados por el
Ministerio Fiscal, a pesar de remover obstáculos
procesales y tender a la obtención de una sentencia
definitiva, no podrían revestir también el carácter de
secuela de juicio en los términos del art. 67, párrafo
cuarto del Código Penal.
5º) Que los agravios expresados suscitan cuestión
federal bastante para habilitar la vía intentada,
conforme con la jurisprudencia del Tribunal según la
cual son susceptibles de descalificación las
sentencias que omiten el examen y tratamiento de
alguna cuestión oportunamente propuesta, siempre que
así se afecte de manera sustancial el derecho del
apelante y lo silenciado sea conducente para la
adecuada solución de la causa (Fallos: 317:1583 y sus
citas, entre muchos otros).
6º) Que esa situación se configura en el sub examine
pues el a quo omitió fundar los motivos por los que
afirmó que el traslado a la defensa, las sucesivas
prórrogas que se acordaron a tal efecto y las
resoluciones adoptadas en cada uno de los planteos
incidentales formulados por la misma parte, no podían
ser considerados secuela de juicio, circunstancia que
no admite justificación alguna si se toma en cuenta
que el Ministerio Público hizo particular hincapié
sobre los efectos de tal actividad procesal al
contestar la vista de fs. 43/48 vta.
7º) Que tal deficiente examen de las alegaciones de la
parte acusadora suficiente de por sí para descalificar
el fallo adquiere mayor gravedad pues el Estado
Nacional ha reconocido "...la responsabilidad por la
violación a los derechos humanos de Walter David
Bulacio y su familia..." en el marco de la demanda
instaurada por ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (conf. fs. 174/175), circunstancia
que imponía un cuidadoso estudio de la cuestión
sometida a consideración del tribunal a quo.
8º) Que al dictar sentencia en tales actuaciones la
Corte sostuvo: "117. De acuerdo con las obligaciones
convencionales asumidas por los Estados, ninguna
disposición o instituto de carácter interno, entre
ellos la prescripción, podría oponerse al cumplimiento
de las decisiones de la Corte en cuanto a la
investigación y sanción de los responsables de las
violaciones de los derechos humanos..." y decidió: "1.
admitir el reconocimiento de responsabilidad
internacional efectuado por el Estado..."; 4º) "...el
Estado debe proseguir y concluir la investigación del
conjunto de los hechos de este caso y sancionar a los
responsables de los mismos; que los familiares de la
víctima deberán tener pleno acceso y capacidad de
actuar, en todas las etapas e instancias de dichas
investigaciones, de conformidad con la ley interna y
las normas de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos...".
9º) Que tanto de los términos expresos de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos como de su
con texto se desprende que cuando ese instrumento
convencional ha querido asignar carácter obligatorio a
las decisiones emanadas de sus órganos de aplicación
lo hizo en forma explícita. En este sentido la
Convención dispone que "...Los Estados Partes en la
Convención se comprometen a cumplir la decisión de la
Corte en todo caso en que sean partes..." (art. 68.1),
por lo que la obligatoriedad del fallo no admite dudas
en la medida que el Estado Nacional ha reconocido
explícitamente la competencia de ese tribunal
internacional al aprobar la citada convención (ley
23.054).
Por ello, de conformidad con lo dictaminado por el
señor Procurador General, se rechaza la presentación
de fs. 298/ 299, se declara procedente el recurso
extraordinario y se deja sin efecto la sentencia
apelada. Vuelvan los autos al tribunal de origen para
que, por quien corresponda, se dicte un nuevo
pronunciamiento con adecuación al presente.
Notifíquese y, oportunamente, remítase.

AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - JUAN CARLOS MAQUEDA.

VOTO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON CARLOS S. FAYT
Considerando:
1º) Que la Sala VI de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la
Capital Federal confirmó la decisión de primera
instancia que había declarado extinguida por
prescripción la acción penal respecto de Mifuel Angel
Espósito y lo sobreseyó definitivamente por el hecho
cometido en perjuicio de Walter David Bulacio, por el
que fuera acusado privación ilegal de la libertad
agravada  (arts. 59, inc. 3º, 62, inc. 2º, y 144 bis,
inc. 1º y 142, incs. 2º y 3º del Código Penal). Contra
dicha resolución, el fiscal interpuso el recurso
extraordinario de fs. 85/90.
2º) Que el recurrente cuestiona que en el cómputo del
plazo de prescripción el a quo haya omitido
considerar, sin dar razón alguna, actos interruptivos
invocados por el Ministerio Fiscal. Afirma que ese
déficit de fundamentación convierte al decisorio
atacado en arbitrario y lesivo, por tanto, de las
garantías de defensa en juicio y del debido proceso
(art. 18 de la Constitución Nacional).
3º) Que los agravios expresados suscitan cuestión
federal bastante para habilitar la vía intentada,
conforme con la jurisprudencia del Tribunal, según la
cual son susceptibles de descalificación las
sentencias que omiten el examen y tratamiento de
alguna cuestión oportunamente propuesta, siempre que
así se afecte de manera sustancial el derecho del
apelante y lo silenciado sea conducente para la
adecuada solución de la causa (Fallos: 317:1583 y sus
citas, entre muchos otros).
4º) Que esa situación se configura en el sub examine,
pues el a quo resolvió que la acción penal había
prescripto por considerar que el último acto
interruptivo había sido la acusación del querellante
particular, sin fundamentar debidamente, por qué
determinados actos posteriores invocados por el
Ministerio Fiscal, a pesar de remover obstáculos
procesales y tender a la obtención de una sentencia
definitiva, no podrían revestir también el carácter de
secuela del juicio en los términos del art. 67,
párrafo cuarto, del Código Penal.
Esta falencia autoriza a descalificar el fallo apelado
como acto jurisdiccional válido, de acuerdo con la
doctrina de la arbitrariedad de sentencias elaborada
por esta Corte (Fallos: 305:1236; 312:1150; 314:733 y
319:434, entre muchísimos otros).
5º) Que esta decisión no implica en modo alguno asumir
que los jueces nacionales se encuentren obligados a
declarar la imprescriptibilidad en esta causa como
derivación de lo resuelto por la Corte Interamericana
de Derechos Huma nos en el caso Bulacio vs. Argentina,
sentencia del 18 de septiembre de 2003.
Sobre la cuestión, cabe recordar que pese a no
hallarse agotados los recursos previstos en la
jurisdicción argentina, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos consideró admisible el caso al
observar que "existía un retardo en la decisión
definitiva" de la causa, pues "desde abril de 1991
hasta la fecha del dictamen, habían pasado más de
siete años" (art. 46.2 c de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos; Informe 29/98, caso 11.752 del
5 de mayo de 1998).
6º) Que en su decisión del 18 de septiembre de 2003 la
Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que
los órganos judiciales intervinientes no tuvieron en
cuenta que "su función no se agota en posibilitar un
debido proceso que garantice la defensa en juicio,
sino que debe además asegurar en tiempo razonable, el
derecho d e la víctima o sus familiares a saber la
verdad de lo sucedido y a que se sancione a los
eventuales responsables" (caso Bulacio vs. Argentina
2003, párr. 114). Agregó, con relación a la
"prescripción de la causa pendiente a nivel de derecho
interno", que "son inadmisibles las disposiciones de
prescripción o cualquier obstáculo de derecho interno
mediante el cual se pretenda impedir la investigación
y sanción de los responsables de las violaciones de
derechos humanos" (párr. 116, con cita de los casos
"Trujillo Oroza" y "Barrios Altos"). Destacó que "(d)e
acuerdo con las obligaciones convencionales asumidas
por los Estados, ninguna disposición o instituto de
derecho interno, entre ellos la prescripción, podría
oponerse al cumplimiento de las decisiones de la Corte
en cuanto a la investigación y sanción de los
responsables de las violaciones de los derechos
humanos" (párr. 117). Por último, en lo que aquí
interesa señaló que "de conformidad con los principios
generales del derecho y tal como se desprende d el
art. 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de
los Tratados de 1969, las decisiones de los órganos de
protección internacional de derechos humanos no pueden
encontrar obstáculo alguno en las reglas o institutos
de derecho interno para su plena aplicación" (párr.
118).
7º) Que si bien está fuera de discusión el carácter
vinculante de las decisiones de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos a los efectos de
resguardar las obligaciones asumidas por el Estado
Argentino en el sistema interamericano de protección a
los derechos humanos (conf. doctrina de Fallos:
321:3555), como así también que la obligación de
reparar del Estado no se agota en el pago de una
indemnización como compensación de los daños
ocasionados, sin o que comprende además otro tipo de
reparaciones como la persecución penal de los
responsables de las violaciones a los derechos humanos
"deber de justicia penal", considerando 9 º del voto
del juez Fayt en Fallos: 326:3268 in re "Hagelin",
ello no significa que en ese deber pueda entenderse
incluida la especificación de restricciones a los
derechos procesales de los individuos concretamente
imputados en una causa penal, como autores o cómplices
del hecho que origina la declaración de
responsabilidad internacional.
8º) Que, en efecto, dentro de las diferentes formas en
las que un Estado puede hacer frente a la
responsabilidad internacional en la que ha incurrido
que "varían según la lesión producida" (caso "Garrido
y Baigorria", Reparaciones, párr. 41 y "Castillo
Páez", Reparaciones, párr. 48), se encuentra el
denominado "deber de justicia penal". La
jurisprudencia de la Corte Interamericana es uniforme
en el reconocimiento del deber de investigación,
persecución y enjuiciamiento de quienes incurren en
violación de los derechos humanos, a fin de que su
tutela no se vea erosionada por la impunidad.
Sin embargo, obvio es señalarlo, "la Corte
Interamericana no tiene atribuciones para emitir
condenas penales, que se reservan a la justicia local;
tampoco define la responsabilidad penal de los autores
de las violaciones" (Sergio García Ramírez, Las
reparaciones en el sistema interamericano de
protección de los derechos humanos, en AAVV, El
Sistema Interamericano de Protección de los Derechos
Humanos en el Umbral del Siglo XXI, San José de Costa
Rica, 2001, tomo I, pág. 154). Sabido es que "en lo
que concierne a los derechos humanos protegidos por la
Convención, la competencia de los órganos establecidos
por ella se refiere exclusivamente a la
responsabilidad internacional del Estado y no la de
los individuos" (Opinión Consultiva sobre
Responsabilidad internacional por expedición y
aplicación de leyes violatorias de la Convención,
OC-14/94 del 9 de diciembre de 1994, párr. 56; en el
mismo sentido casos "Velásquez Rodríguez", "Paniagua
Morales" y "Cesti Hurtado"). Se trata de un proceso no
individual sino estatal por violaciones a los derechos
humanos (conf. Juan Méndez, "La participación de la
víctima ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos", publ. en AAVV, "La Corte y el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos", ed. Rafael Nieto
Navia, San José de Costa Rica, 1994, citado en el
considerando 9º del voto del juez Fayt en Fa llos:
326:3268).
9º) Que, por ello, la solución a la que se pretende
arribar, esto es, la imposibilidad de declarar la
prescripción de la acción penal en esta causa respecto
del imputado Miguel Angel Espósito como parte del
deber reparatorio que incumbe al Estado Argentino,
nunca puede ser derivación del fallo internacional en
cuestión. Tal conclusión implicaría asumir que la
Corte Interamericana puede decidir sobre la
responsabilidad penal de un individuo en concreto.
En efecto, si el objeto del proceso consiste en
determinar la responsabilidad internacional del
Estado-parte por la violación de la Convención
Americana y la reparación como nueva obligación
generada a partir de esa violación  puede incluir el
deber de investigar para el Estado infractor, no se
sigue de ello que tal deber deba recaer respecto de
quien se encuentra fuera del ámbito de decisión del
tribunal internacional. Si como derivación de una
interpretación de la Convención realizada por la Corte
Interamericana, se concluyera que al imputado Miguel
Angel Espósito debe aplicársele sin base legal y
retroactivamente el principio de imprescriptibilidad,
dicho tribunal estaría de algún modo decidiendo sobre
la suerte de un sujeto sobre quien no declaró, ni pudo
declarar, su responsabilidad. Sea como fuese
interpretado el "deber de justicia penal", éste sólo
puede recaer sobre quien cometió la violación
constatada, es decir el Estado Argentino. No debe
olvidarse que la reparación "como la palabra lo
indica, está dada por las medidas que tiende a hacer
desaparecer los efectos de la violación cometida"
(Jorge Cardona Llorens, " La Función Contenciosa de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Consideraciones sobre la naturaleza jurídica de la
función contenciosa de la Corte a la luz de su
jurisprudencia", cap. Función Contenciosa de la Corte
versus Función de un Tribunal Penal, pág. 342, énfasis
agregado en AAVV " El sistema interamericano..." ya
citado). Así, hacer caer sobre el imputado los efectos
de la infracción del deber de otro, derechamente no es
una interpretación posible.
10) Que "la consideración central del individuo en la
función contenciosa de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, así como el fin de reparación de la
víctima no puede hacer confundir dicha función...con
las funciones de un tribunal penal de última instancia
interno", atribuciones que la propia "Corte
[Interamericana] ha tenido buen cuidado de
distinguir..." (Cardona Llorens, op. cit., pág. 336).
Esto es aún más relevante si se tiene en cuenta que
"el carácter de juicio de responsabilidad
internacional hace que...no sean de aplicación los
principios in dubio pro reo y de presunción de
inocencia, que son principios propios de los juicios
de naturaleza penal" (Cardona Llorens, op. cit., pág.
341; ídem en Héctor Fix-Zamudio, "Orden y Valoración
de las Pruebas en la Función Contenciosa de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos" en AAVV "El
sistema interamericano...", pág. 214 y sgtes.). A
estas cuestiones genéricas propias de la competencia
contenciosa de la Corte Interamericana, deben añadirse
las específicas del caso, especialmente la situación
de que su decisión es consecuencia de los hechos
reconocidos por el Estado Argentino en el marco de un
procedimiento en el que el acusado no ha tenido la
oportunidad de discutirlos, dada la imposibilidad
Cesto sí por sus características definitorias de ser
parte en la contienda. Derivar de este tipo de proceso
en los que bastan como muestra el modo en que se
tratan las cuestiones relativas a la prueba, una
consecuencia como la inoponibilidad de la prescripción
en un juicio penal sería inadmisible. Las
consecuencias de la decisión no pueden recaer
directamente sobre el imputado, so riesgo de infringir
ostensiblemente cláusulas de inequívoca raigambre
constitucional que amparan sus derechos, pues ello
implicaría la deliberada renuncia de la más alta y
trascendente atribución de esta Corte, para cuyo
ejercicio ha sido instituida como titular del Poder
Judicial de la Nación, que es ser el custodio e
intérprete final de la Constitución Nacional. De lo
contrario, bajo el ropaje de dar cumplimiento con una
obligación emanada de un tratado con jerarquía
constitucional (art. 63.1 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos) se llegaría a la inicua cuanto
paradójica situación de hacer incurrir al Estado
Argentino en responsabilidad internacional por afectar
garantías y derechos reconocidos en los instrumentos
cuyo acata miento se invoca (conf. doctrina de Fallos:
326:2968 in re "Cantos").
11) Que lo dicho hasta aquí no implica negar
vinculatoriedad a las decisiones de la Corte
Interamericana, sino tan sólo entender que la
obligatoriedad debe circunscribirse a aquella materia
sobre la cual tiene compete ncia el tribunal
internacional. En este sentido, la conclusión a la que
aquí se arriba es armónica con lo establecido en el
art. 68 del Pacto de San José de Costa Rica, bien
entendido que sea el ámbito de la competencia
contenciosa de la Corte Interamericana.
Esta interpretación, por lo demás, no se contradice
con lo resuelto por el propio tribunal internacional,
pues lo que éste ha entendido inadmisibles sólo esto
pudo hacer, son las disposiciones de prescripción
mediante las que se pretenda impedir la investigación
y sanción de los responsables. Esta alusión no puede
considerarse extensiva a previsiones generales de
extinción de la acción penal por prescripción.
Distinta fue la situación de los casos que la Corte
Interamericana cita como ejemplo de disposiciones
violatorias de la Convención Americana (" Barrios
Altos" y "Trujillo Oroza"). Cabe recordar que en el
primer caso, el deber del Estado de perseguir y
sancionar las violaciones a los derechos humanos se
había puesto en tela de juicio en virtud de la sanción
de dos leyes de autoamnistía que exoneraban de
responsabilidad a todos los militares, policías y
civiles que hubieran sido objeto de investigaciones
por violaciones a los derechos humanos en una
determinada época (es la propia sanción de las leyes
lo que viola la Convención). En el segundo de los
casos mencionados, como el delito imputado era el de
desaparición forzada, se estableció su carácter
permanente y, consiguientemente, la prescripción no
había comenzado a correr. En cambio, la posibilidad de
sobreseer a un imputa do en virtud de normas generales
de prescripción vigentes al momento de los hechos por
el delito de privación ilegal de la libertad agravada,
no puede ser equiparada a los ejemplos mencionados
como un caso de indefensión de las víctimas y
perpetuación de la impunidad. En efecto, las normas
generales de prescripción del Código Penal argentino
no han sido sancionadas con la finalidad de impedir
las investigaciones sobre violaciones a los derechos
humanos, sino como un instituto que "cumple un
relevante papel en la preservación de la defensa en
juicio" (Fallos: 316:365).
La prescripción, como presupuesto de la
perseguibilidad penal, sólo puede ser decidida por los
jueces de la causa, quienes de ningún modo pueden ver
subordinada su decisión a imposición alguna. La
función contenciosa de una Corte de Derechos Humanos
no constituye una instancia de revisión de la
jurisdicción interna conf. Fallos: 321:3555; ídem en
Cardona Llorens, op. cit., pág. 339 , o lo que es lo
mismo, una instancia en la que se pueda indicar de qué
manera los jueces competentes en el ámbito interno
deben resolver una cuestión judicial. Mucho más si se
tiene en cuenta que no se trata de un caso en el que
deban aplicarse normas de prescripción u otras que
condicionen la perseguibilidad, sancionadas con el
único objeto de impedir una determinada investigación
penal, pues tal temperamento se encontraría vedado por
la Convención.
12) Que esta es, a su vez, la única interpretación que
se concilia con la concepción propia del derecho
internacional en materia de prescripción, toda vez que
"de conformidad con el derecho internacional no
prescribirán las violaciones de las normas
internacionales de derechos humanos y del derecho
internacional humanitario que sean crímenes de derecho
internacional...La prescripción de otras
violaciones...no debería limitar indebidamente,
procesalmente o de cualquier forma, la posibilidad de
que la víctima interponga una demanda contra el autor,
ni aplicarse a los períodos en que no haya recursos
efectivos contra las violaciones de las normas de
derechos humanos y del derecho internacional
humanitario ("Principios y directrices Básicos sobre
el Derecho de las Víctimas de Violaciones de las
normas internacionales de Derechos Humanos y del
Derecho Internacional Humanitario a Interponer
Recursos y Obtener reparaciones" rev. 15 de agosto de
2003 del Relator Especial Theo van Boven y revisada
por Cherif Bassiouni punto VI, 6 y 7; énfasis
agregado). Es decir, sólo pueden considerarse
imprescriptibles aquellos delitos a los que se refiere
la "Convención sobre la imprescriptibilidad de los
crímenes de guerra y de los crím enes de lesa
humanidad", aprobada en nuestro país con la sanción de
la ley 24.584 del 29 de noviembre de 1995 e
incorporada con jerar quía constitucional el 3 de
septiembre de 2003 (ley 25.778).
Tampoco podrán prescribir las causas en las que no
hubieran existido recursos efectivos contra las
violaciones de la normas de derechos humanos; a ese
espíritu, respondió precisamente la incorporación al
art. 67 de una nueva causal de suspensión de la
prescripción en caso de cometerse los atentados al
orden constitucional y a la vida democrática previstos
en los arts. 226 y 227 bis del Código Penal "hasta
tanto se restablezca el orden constitucional" (conf.
considerando 37, disidencia del juez Fayt en A.533
XXXVIII "Arancibia Clavel, Enrique Lautaro s/
homicidio calificado y asociación ilícita y otros
causa Nº 259", sentencia del 24 de agosto de 2004).
Por el contrario, resulta inaplicable a la situación
de la presente causa, en la que en todo caso deben
aplicarse disposiciones comunes de extinción de la
acción penal por prescripción en una situación de
hecho no alcanzada por las reglas de derecho
internacional incorporadas a nuestro ordenamiento
jurídico en materia de imprescriptibilidad y en pleno
funcionamiento de las instituciones democráticas. De
tal modo, la forma de hacer efectivo el deber de
investigación y sanción de los responsables de las
violaciones de los derechos humanos, no puede ser
entendido como la llana aplicación del principio de
imprescriptibilidad para crímenes no alcanzados por
las reglas de derecho internacional, cometidos a
partir de su incorporación a nuestro ordena miento
jurídico.
13) Que, por último, cabe destacar que la alusión al
art. 27 de la Convención de Viena en cuanto a que "de
conformidad con los principios generales del derecho y
tal como se desprende del art. 27 de la Convención de
Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, las
decisiones de los órganos de protección internacional
de derechos humanos no pueden encontrar obstáculo
alguno en las reglas o institutos de derecho interno
para su plena aplicación" (párr. 118 de la sentencia
de la Corte Interamericana) sólo encuentra aplicación
en el ámbito de la responsabilidad internacional. Por
el contrario, en el ámbito nacional, e l art. 27 de la
Constitución Nacional prohíbe cualquier interpretación
que asigne al art. 27 de la Convención de Viena una
extensión que implique hacer prevalecer al Derecho
Internacional sobre el Derecho Interno, vulnerándose
principios de orden público local. Y es claro que
afectaría principios de derecho público local una
decisión que restringiera el derecho de defensa del
imputado, que desconociera a la prescripción como el
derecho del imputado a que su proceso penal se
resuelva en un plazo razonable y que soslayara el
principio de legalidad al ampliarse los plazos de
prescripción o derechamente declararse la
imprescriptibilidad sin base legal y retroactivamente.
Como ya se señaló, el art. 27 de la Constitución
Nacional debe ser ponderado como una norma de
inestimable valor para la soberanía de un país, en
particular, frente al estado de las relaciones
actuales entre los integrantes de la comunidad
internacional. Por ello, la interpretación propiciada
preserva ante las marcadas asimetrías económicas y
sociales que pueden presentar los estados signatarios
de un mismo Tratado el avance de los más poderosos
sobre los asuntos internos de los más débiles; en
suma, aventa la desnaturalización de las bases mismas
del Derecho Internacional contemporáneo, pues procura
evitar que detrás de un aparente humanismo jurídico se
permitan ejercicios coloniales de extensión de
soberanía (considerando 16, disidencia del juez Fayt
in re "Arancibia Clavel" ya citado).
14) Que, independientemente de las consideraciones
previas y dado que por la ausencia de tratamiento de
cuestiones conducentes para la solución del pleito, no
existe en rigor, sentencia propiamente dicha, se
reitera que corresponde descalificar el
pronunciamiento impugnado.
15) Que a ello se suma, en el caso, que la restricción
de los derechos del imputado que deriva de la
inoponibilidad de la prescripción es consecuencia de
los hechos reconocidos por el gobierno argentino, en
el marco de un procedimiento de derecho internacional
en el que el acusado no ha tenido posibilidad alguna
de discutirlos. Por otro lado, la fijación de las
circunstancias de hecho de las que deriva la
declaración de responsabilidad se produjo por medio de
un procedimiento formal consecuencia del
reconocimiento de su responsabilidad internacional por
parte del Estado desvinculado del principio de
averiguación de la verdad real que rige en materia
procesal penal (conf. la decisión de la Corte
Interamericana de omitir la consideración de los
peritajes presentados por el Estado Argentino que se
dirigían a desvirtuar los hechos de fondo, ' 59).
16) Que en cuanto al planteo de nulidad deducido por
el doctor Argibay Molina a fs. 298/299 contra la
resolución de fs. 257, esta Corte tiene dicho que sus
sentencias no son susceptibles del recurso de nulidad
y que, por vía de principio y con fundamento en el
carácter final de sus fallos, no resulta tampoco
admisible el incidente de nulidad (Fallos: 303:241;
306:2070; 311:458 y 1455, entre otros). Por ello, y lo
concordantemente dictaminado por el señor Procurador
General, se rechaza la presentación de fs. 298/ 299,
se declara procedente el recurso extraordinario y se
deja sin efecto la sentencia apelada. Vuelvan los
autos al tribunal de origen, para que, por quien
corresponda dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo
al presente. Notifíquese y, oportunamente, remítase.
CARLOS S. FAYT.

VOTO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON ANTONIO BOGGIANO
Considerando:
1º) Que previo a resolver corresponde el tratamiento
del planteo de nulidad de la resolución de esta Corte
del 19 de diciembre de 2003 por la que se declaró
improcedente la reposición de la resolución del 11 de
noviembre de 2003 por la que se había rechazado in
limine la recusación intentada contra el señor
ministro doctor don E. Raúl Zaffaroni.
Desde los albores de la actuación del Tribunal se ha
declarado que las sentencias de la Corte Suprema no
son susceptibles del recurso de nulidad y que, por vía
de principio y con fundamento en el carácter final de
sus fallos, no resulta tampoco admisible el incidente
de nulidad (Fallos: 247:285; 256:601; 265:133; 297:
381; 303:241; 306:2070; 311: 458, 1455). No son
inapelables por ser infalibles sino porque son finales
y si no hubiera sentencias finales se incurriría en
denegación de justicia.
2º) Que la Sala VI de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la
Capital Federal que al confirmar la de la instancia
anterior declaró extinguida por prescripción la acción
penal contra Miguel Angel Espósito por el delito de
privación ilegal de la libertad agravada. Contra tal
pronunciamiento el representante del Ministerio
Público Fiscal interpuso recurso extraordinario
federal que fue concedido y mantenido en esta
instancia.
3º) Que el apelante sostiene que la cámara declaró
prescripta la acción penal por considerar que el
último acto interruptivo había sido la acusación del
querellante particular, sin fundamentar por qué los
actos posteriores menciona dos por el Ministerio
Fiscal, a pesar de remover obstáculos procesales y
tender a la obtención de una sentencia definitiva, no
revisten el carácter de secuela de juicio en los
términos del art. 67, párrafo cuarto del Código Penal.
4º) Que el caso suscita cuestión federal de
trascendencia a los efectos de la vía extraordinaria
por hallarse en tela de juicio el reconocimiento y la
eficacia en el derecho argentino de la sentencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Bulacio
vs. Argentina, del 18 de septiembre de 2003. Además,
los agravios expresados suscitan cuestión federal
bastante para habilitar la vía intentada, conforme con
la jurisprudencia del Tribunal según la cual son
susceptibles de descalificación las sentencias que
omiten el examen y tratamiento de alguna cuestión
oportunamente propuesta, siempre que así afecte de
manera sustancial el derecho del apelante y lo
silenciado sea conducente para la solución de la causa
(Fallos: 317:1583 y sus citas).
5º) Que ello es así pues la cámara omitió fundar que
el traslado a la defensa, las resoluciones adoptadas
en cada uno de los planteos incidentales formulado s
por la misma parte, las diferentes presentaciones de
los fiscales en su actuación acusatoria, muchas de las
cuales tuvieron vinculación directa con las
articulaciones antes referidas, no constituyen secuela
de juicio, circunstancia que no admite justificación
alguna si se toma en cuenta que el Ministerio Público
hizo particular hincapié sobre los efectos de tal
actividad procesal.
6º) Que la causa llega por primera vez a esta Corte y
los fundamentos antes dados bastan para la
descalificación de la resolución apelada. Empero,
algunos aspectos de la causa fueron juzgados ya por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos en su
referido pronunciamiento del 18 de septiembre de 2003.
7º) Que, pese a no hallarse agotados los recursos
previstos en jurisdicción argentina, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos consideró admisible
el presente caso al observar que "existe un retardo
injustificado en la decisión definitiva". En efecto,
valoró que "desde abril de 1991 hasta la fecha, han
pasado más de siete años" (art. 46.2,c de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos; Informe
29/98, caso 11.752, Walter David Bulacio vs.
Argentina, del 5 de mayo de 1998).
8º) Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos
consideró que los jueces argentinos han "tolerado y
permitido" que "los medios que la ley pone al servicio
de la defensa" hayan "impedido que el proceso pudiera
avanzar hasta su culminación natural, lo cual ha dado
lugar a que se opusiera la prescripción de la acción
pena l" y advirtió que debe garantizarse "en tiempo
razonable, el derecho de la víctima o sus familiares a
saber la verdad de lo sucedido y a que se sancione a
los eventuales responsables" (caso Bulacio vs.
Argentina, sentencia del 18 de septiembre de 2003, pá
rr. 113 y 114).
9º) Que esta Corte ha reconocido el carácter
vinculante de las decisiones de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, a los efectos de
resguardar las obligaciones asumidas por el Estado
Argentino en el sistema interamericano de protección a
los derechos humanos. El art. 68.1 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos dispone en forma
explícita que los estados parte se comprometen a
cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que
intervengan en ese carácter (Fallos: 321:3555
considerando 9º del voto de la mayoría; considerando
8º del voto de los jueces Bossert y Boggiano; Expte.
1307/2003 Adm. Gral., resolución 1404/ 2003, causa
"Cantos", tasa de justicia y honorarios. Rechazo de la
presentación efectuada por el Procurador del Tesoro
respecto del cumplimiento de la sentencia dictada por
la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 28 de
septiembre de 2002, disidencia de los jueces Boggiano
y Maqueda).
10) Que la sentencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos resolvió, ante el reconocimiento de
responsabilidad internacional del Estado Argentino
que: "el Estado debe proseguir y concluir la
investigación del conjunto de los hechos de este caso
y sancionar a los responsables de los mismos; que los
familiares de las víctimas deberán tener pleno acceso
y capacidad de actuar, en todas las etapas e
instancias de dichas investigaciones, de conformidad
con la ley interna y las normas de la Convención
Americana de Derechos Humanos; y que los resultados de
las investigaciones deberán ser públicamente
divulgados en los términos de los párrafos 110 a 121
de la presente". A fin de llegar a esa conclusión
juzgó que: "...la obligación de investigar debe
cumplirse con seriedad y no como una simple formalidad
condenada de antemano a ser infructuosa.
La investigación que el Estado lleve a cabo en
cumplimiento de esta obligación debe tener un sentido
y ser asumida por el mismo como un deber jurídico
propio y no como una simple gestión de intereses
particulares, que dependa de la iniciativa procesal de
la víctima o de sus familiares o de la aportación
privada de elementos probatorios, sin que la autoridad
pública busque la verdad" (parr. 112). "El derecho a
la tutela judicial efectiva exige entonces a los
jueces que dirijan el proceso de modo de evitar
dilaciones y entorpecimientos indebidos, conduzcan a
la impunidad, frustrando así la debida protección
judicial de los derechos humanos. "En cuanto a la
invocada prescripción de la causa pendiente a nivel de
derecho interno, este Tribunal ha señalado que son
inadmisibles las disposiciones de prescripción o
cualquier obstáculo de derecho interno mediante el
cual se pretenda impedir la investigación y sanción de
los responsables de las violaciones de derechos
humanos. La Corte considera que las obligaciones
consagradas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención
Americana requieren de los Estados Partes la pronta
adopción de providencias de toda índole para que nadie
sea sustraído del derecho a la protección judicial,
consagrada en el artículo 25 de la Convención
Americana. "De acuerdo a las disposiciones
convencionales asumidas por los Estados, ninguna
disposición o instituto de derecho interno, entre
ellos la prescripción podría oponerse al cumplimiento
de las decisiones de la Corte en cuanto a la
investigación y sanción de los responsables de las
violaciones de los derechos humanos...
"De conformidad con los principios generales del
derecho y tal como se desprende del art. 27 de la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados
de 1969, las decisiones de los órganos de protección
internacional de derechos humanos no pueden encontrar
obstáculo alguno en las reglas o institutos de derecho
interno para su plena aplicación.
"Además, conviene destacar que el Estado ha aceptado
su responsabilidad internacional en el presente caso
por la violación de los artículos 8 y 25 de la
Convención Americana, que consagran los derechos a las
garantías judiciales y a la protección judicial,
respectivamente, en perjuicio de Walter David Bulacio
y sus familiares. Asimismo esta Corte ha tenido como
probado que a pesar de haberse iniciado varios
procesos judiciales, hasta la fecha más de doce años
después de los hechos nadie ha sido sancionado como
responsable de éstos. En consecuencia, se ha
configurado una situación de grave impunidad.
"La Corte entiende como impunidad la falta en su
conjunto de investigación, persecución, captura,
enjuiciamiento y condena de los responsables de las
violaciones de los derechos protegidos por la
Convención Americana, toda vez que el Esta do tiene la
obligación de combatir tal situación por todos los
medios legales disponibles ya que la impunidad
propicia la repetición crónica de las violaciones de
derechos humanos y la total indefensión de las
víctimas y de sus familiares" (párr. 115 a 120 de la
causa citada).
11) Que, en forma coincidente con la sentencia de la
Corte Interamericana de Derecho s Humanos, esta Corte
ha juzgado que la obligación de reparar del Estado no
se agota en el pago de una indemnización como
compensación de los daños ocasionados, sino que
también comprende la efectiva investigación y la
correspondiente sanción de los responsables de las
violaciones de los derechos humanos (Fallos: 326:3268
Hagelin, voto de los jueces Petracchi y López,
considerando 6º; voto del juez Fayt, considerando 9 º;
voto del juez Boggiano, considerando 10; voto del juez
Maqueda, considerando 17).
12) Que en efecto, al interpretar el alcance del art.
63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
este Tribunal sostuvo, con cita de la jurisprudencia
de la Corte Interamericana de Derechos Human os, que
"toda violación de una obligación internacional que
haya producido un daño comporta el deber de repararlo
y de hacer cesar las consecuencias de la violación"
(Cantoral Benavides, Reparaciones, párr. 40; Cesti
Hurtado. Reparaciones, antes citado, párr. 35; Niños
de la Calle -Villagrán Morales y otros- Reparaciones,
antes citado, párr. 62). La reparación del daño
ocasionado por la infracción requiere, siempre que sea
posible, la plena restitución ( restitutio in
integrum), la cual consiste en el restablecimiento de
la situación anterior. En lo que se refiere a la
violación del derecho a la vida y otros derechos
(libertad e integridad personales, garantías
judiciales y protección judicial), ante la
imposibilidad de la restitutio in integrum y dada la
naturaleza del bien afectado, la reparación se
realiza, interalia, según la práctica jurisprudencial
internacional, mediante una justa indemnización o
compensación pecuniaria, a la cual deben sumarse
medidas positivas del Estado para conseguir que los
hechos lesivos no se repitan ( Panel Blanca -Paniagua
Morales y otros- Reparaciones, antes citado, párr. 80;
Castillo Páez. Reparaciones, sentencia del 27 de
noviembre de 1998, párr. 52; Garrido y Baigorria,
sentencia del 27 de agosto de 1988, párr. 41), y la
reparación de las consecuencias que las infracciones
produjeron mediante la efectiva investigación y la
correspondiente sanción de los responsables de las
violaciones del derecho internacional ( Cesti Hurtado.
Reparaciones, antes citado, párr. 33 y Panel de la
Blanca -Paniagua Morales- antes citado, párr. 76,
Castillo Páez, antes citado, párr. 70 Fallos:
326:3268, voto del juez Boggiano, considerando 9º y
voto del juez Vázquez, considerando 9 º). reparación
integral impuesta por la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, debe ser asumida por el Estado como
un deber jurídico propio a fin de no incurrir en
responsabilidad internacional. En efecto, la citada
Convención impone a los estados partes el deber de
tomar todas las medidas necesarias para remover los
obstáculos al ejercicio de los derechos que ese Pacto
reconoce (art. 1.1). En este sentido, la Corte
Interamericana consideró que "es deber de los Estados
parte organizar todo el aparato gubernamental y, en
general, todas las estructuras a través de las cuales
se manifiesta el ejercicio del poder público, de tal
manera que sean capaces de asegurar jurídicamente el
libre y pleno ejercicio de los derechos humanos", O/C
11/90, parágrafo 23, (Fallos: 326:3268, voto del juez
Boggiano, considerando 14).
14) Que ello no es excluyente del derecho que también
tienen las víctimas y sus familiares de intervenir e
impulsar la persecución penal de los responsables de
las violaciones de los derechos humanos (Fallos:
326:3268, voto de los jueces Petracchi y López
considerando 5 º; voto del juez Fayt, considerando 9º;
voto del juez Boggiano, considerando 14 y voto del
juez Maqueda, considerandos 22 y 23).
15) Que la solución a la que se arriba en cuanto a la
imposibilidad de declarar la prescripción de la acción
penal en esta causa, como parte del deber reparatorio
que incumbe al Estado Argentino, resulta de
conformidad con la ley interna, en atención a las
circunstancias particulares de la causa, y a las
normas de la Convención según la inteligencia que le
ha otorgado esta Corte por referencia a la
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (punto resolutivo 4 caso Bulacio vs.
Argentina). En este sentido, existe un margen de
apreciación razonable de los estados parte respecto al
modo de hacer efectivo el deber de investigación y
sanción de los responsables de las violaciones de los
derechos humanos. Por ello no sería posible adoptar
disposiciones de imprescriptibilidad para crímenes no
alcanzados por las reglas de derecho internacional
referidos por nuestro ordenamiento jurídico
(Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes
de Guerra y Lesa Humanidad). El principio de
imprescriptibilidad derivado, tanto del derecho
internacional consuetudinario, cuanto de la Convención
de Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y Lesa
Humanidad, ha sido reconocido por esta Corte para los
delitos de lesa humanidad (Fallos: 318:2148;
A.533.XXXVIII "Arancibia Clavel, Enrique Lautaro s/
homicidio calificado y asociación ilícita y otros
causa Nº 259", pronunciamiento del 24 de agosto de
2004).
16) Que cabe destacar que estas conclusiones no
resultan aplicables para otros delitos respecto de los
cuales este Tribunal ha reconocido varias veces la
relación existente entre "duración razonable del
proceso" y "prescripción de la acción penal" pues el
"pronunciamiento garantizador del artículo 18 de la
Constitución Nacional (...) puede consistir
naturalmente en la declaración de prescripción de la
acción penal" (Fallos: 306:1688; 312:2075; 316: 1328).
Son los jueces de la nación los encargados de juzgar
si la duración de un proceso es o no razonable con
fundamento en la interpretación de las normas de
prescripción de la acción fundadas en el derecho
interno o en el derecho internacional incorporado por
nuestra Constitución Nacional (art. 75, inc. 22) y
evitar, de ese modo, que la valoración de la
prescripción se convierta en la expresión de una pura
subjetividad inmune a la misma razón (Fallos: 322:360,
disidencia de los jueces Petracchi y Boggiano).
17) Que corresponde a este Tribunal velar porque la
buena fe que debe regir el fiel cumplimiento de las
obligaciones emanadas de los tratados no se vea
afectada a causa de actos u omisiones de sus órganos
internos (Fallos: 315: 1492; 318:373). En este sentido
se ha reconocido que los tribunales locales deben
adoptar las medidas necesarias para evitar que el
Estado incurra en responsabilidad internacional por
incumplimiento de un tratado (Fallos: 315:1492; 316:
1669; 317:1282; 319:2411, 3148; 322:875).
18) Que lo por demás cabe recordar que la República
Argentina al conferir jerarquía constitucional a los
tratados internacionales sobre derechos humanos tal
como lo hace el art. 75 inc. 22 de la Constitución
Nacional presenta un fenómeno jurídico que puede
considerarse como referencia al derecho internacional
de los derechos humanos ( Monges: Fallos: 319:3148).
Tal "referencia" significa en primer lugar que se
remite a un tratado vigente internacionalmente y del
cual la Argentina es Estado Parte. Sólo con un tratado
vigente tanto internacionalmente como en la Argentina,
el Congreso luego puede otorgarle jerarquía
constitucional. La referencia implica que el tratado
se aplica tal como rige en el derecho internacional y
no porque se haya incorporado haciéndolo interno.
Tampoco se ha operado una recepción de los tratados
por incorporación judicial a pesar de no estar
vigentes para la Argentina como ha sido de práctica en
Holanda. Tampoco hay adaptación de los tratados por
vía de una redacción constitucional similar a la de
los tratados sin seguirlo tal cual rige
internacionalmente. Tanto la incorporación, la
recepción como la adaptación son métodos de
nacionalización de los tratados. El art. 75 inc. 22
dispone una referencia y no alguno de los citados
métodos de nacionalización. En materia de derechos
humanos la reforma de 1994 ha seguido una orientación
internacionalista a fin de alcanzar la mayor
uniformidad posible en las decisiones evitando todo
amorío con soluciones de genius loci particularista
(confr. Causa A.533 XXXVIII "Arancibia Clavel" ya
citada, voto del juez Boggiano, sentencia del 24 de
agosto de 2004).
19) Que en el citado precedente Monges esta Corte
estableció que: "...el artículo 75, inc. 22, mediante
el que se otorgó jerarquía constitucional a los
tratados establece en su última parte que aquellos 'no
derogan artículo alguno de la primera parte de esta
Constitución y deben entenderse complementarios de los
derechos y garantías por ella reconocidos'. Ello
indica que los constituyentes han efectuado un juicio
de comprobación, en virtud del cual, han cotejado los
tratados y los artículos constitucionales y han
verificado que no se produce derogación alguna, juicio
que no pueden los poderes constituidos desconocer o
contradecir (considerando 20). Que de ello se
desprende que la armonía o concordancia entre los
tratados y la Constitución es un juicio del
constituyente. En efecto, así lo han juzgado al hacer
referencia a los tratados que fueron dotados de
jerarquía constitucional y por consiguiente no pueden
n i han podido derogar la Constitución pues esto sería
un contrasentido insusceptible de ser atribuido al
constituyente, cuya imprevisión no cabe presumir
(considerando 21). Que de tal modo los tratados
complementan las normas constitucionales sobre
derechos y garantías y lo mismo cabe predicar respecto
de las disposiciones contenidas en la parte orgánica
de la Constitución aunque el constituyente no ha hecho
expresa alusión a aquélla, pues no cabe sostener que
las normas contenidas en los tratados se hallen por
encima de la segunda parte de la Constitución
(considerando 22). Por el contrario debe interpretarse
que las cláusulas constitucionales y las de los
tratados tienen la misma jerarquía son complementarios
y, por lo tanto, no pueden desplazarse o destruirse
recíprocamente" (conf. causa " Arancibia Clavel"
citada precedentemente).
20) Que esta doctrina fue reafirmada en Chocobar,
Fallos: 319:3241 (voto de los jueces Nazareno, Moliné
O' Connor y López); Petric, Fallos: 321:885 (votos de
los jueces Moliné O'Connor y Boggiano); Rozenblum,
Fallos: 321:2314 (disidencia del juez Boggiano);
Cancela, Fallos: 321:2637 (voto de los jueces
Nazareno, Moliné O'Connor, Boggiano, López y Vázquez
); V., S., Fallos: 324:975 (voto de los jueces Moliné
O'Connor y López y de los jueces Boggiano y Vázquez);
Menem, Fallos: 324:2895 (voto de los jueces Nazareno,
Moliné O'Connor y López); Alianza "Frente para la
Unidad", Fallos: 324:3143 (voto del juez Boggiano);
Guazzoni, Fallos: 324:4433 (voto de los jueces
Nazareno, Moliné O'Connor y López); Mignone, Fallos
325:524; causa A.533.XXXVIII " Arancibia Clavel,
Enrique Lautaro s/ asociación ilícita y homicidio"
(voto de los jueces Boggiano y Maqueda). En rigor,
cuando el Congreso confiere jerarquía constitucional
al tratado hace un juicio constituyente por
autorización de la Constitución misma según el cual al
elevar al tratado a la misma jerarquía que la
Constitución estatuye que el tratado no sólo es
arreglado a los principios de derecho público de la
Constitución sino que el tratado no deroga norma
alguna de la Constitución sino que la complementa. Tal
juicio constituyente del Congreso Nacional no puede
ser revisado por esta Corte para declarar su invalidez
sino sólo para hallar armonía y complemento entre
tales tratados y la Constitución. En último análisis
tal juicio constituyente del Congreso no implica ni
puede introducir reforma alguna de la Constitución
pues el tratado no deroga norma alguna de la
Constitución y s ólo complementa los derechos y
garantías en ella declarados. Si tal armonía y
concordancia debe constatarse, es obvio, con mayor
razón que el tratado también se ajusta al art. 27 de
la Constitución. No se trata, por ende, de una
estricta reforma constitucional, porque el tratado al
que se le confiere jerarquía constitucional no
modifica, altera o deroga la Constitución sino que la
complementa y confirma con normas que si bien pueden
desarrollar o hacer explícitos los derechos y
garantías constitucionales guardan siempre el espíritu
de tales derechos. Por analogía, el Congreso hace un
juicio constituyente de armonía de todos estos
preceptos que no pueden entrar en colisión o tener
preeminencia pues constituyen la Constitución misma.
No hay normas constitucionales inconstitucionales. Las
cláusulas de la Constitución no pueden interpretarse
en contradicción unas con otras, ni jerarquizando unas
sobre las otras. Obviamente, cabe distinguir los
distintos ámbitos de aplicación según las materias de
las normas constitucionales.
Esta Corte no tiene jurisdicción para enervar la
vigencia de normas que han sido jerarquizadas
constitucionalmente en virtud de un procedimiento
establecido en la misma Constitución (conf. causa "
Arancibia Clavel" citada precedentemente).
21) Que los "referidos tratados" no se han
"incorporado" a la Constitución Argentina
convirtiéndose en derecho interno, sino que, por
voluntad del constituyente, tal remisión lo fue "en
las condiciones d e su vigencia" (art. 75, inc. 22).
Mantienen toda la vigencia y vigor que
internacionalmente tienen y precisamente le provienen
del ordenamiento internacional en modo tal que "la
referencia" que hace la Constitución es a tales
tratados tal como rigen en el derecho internacional y,
por consiguiente, tal como son efectivamente
interpretados y aplicados en aquel ordenamiento (causa
"Giroldi" de Fallos: 318:514, considerando 11). Ello
implica también, por conexidad lógica razonable, que
deben ser aplicados en la Argentina tal como funcionan
en el ordenamiento internacional incluyendo, en su
caso, la jurisprudencia internacional relativa a esos
tratados y las normas de derecho internacional
consuetudinario reconocidas como complementarias por
la práctica internacional pertinente. La referencia a
los Tratados - Constitución incluye su efectiva
vigencia en el derecho internacional como un todo
sistemático (causa "Arce" de Fallos: 320:2145,
considerando 7 º). Los estados y entre ellos la
Argentina han reducido grandemente el ámbito de su
respectiva jurisdicción interna por vía de acuerdo con
muchos tratados y declaraciones sobre derechos humanos
(conf. causa "Arancibia Clavel" citada
precedentemente).
22) Que una interpretación contraria a la
precedentemente expuesta importaría la derogación de
una cláusula constitucional por otra, privando de
sentido a la referencia a la Convención Interamericana
de Derechos Humanos que efectúa el art. 75 inc. 22 de
la Constitución Nacional.
23) Que, a la luz de lo expresado, la decisión de la
cámara no resulta una derivación razonada del derecho
vigente tal como se ha declarado en la presente causa.
En consecuencia, corresponde descalificar lo resuelto
a fin de que se dicte nuevo pronunciamiento conforme
al presente.
24) Que en atención a la calificación efectuada por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de
la actuación de los órganos judiciales argentinos,
según surge del considerando 8º, corresponde remitir
testimonios de la presente al Consejo de la
Magistratura, a fin de que se determinen las posibles
responsabilidades. Por ello, de conformidad con lo
dictaminado por el señor Procurador General, se
rechaza la presentación de fs. 298/299, se declara
procedente el recurso extraordinario y se deja sin
efecto la sentencia apelada. Vuelvan los autos al
tribunal de origen para que, por quien corresponda
dicte nuevo pronunciamiento con arreglo al presente.
Notifíquese , cúmplase con la remisión de testimonios
ordenada y oportunamente, remítase.

ANTONIO BOGGIANO.

VOTO DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA DOÑA ELENA I.
HIGHTON de NOLASCO
Considerando:
1º) Que la Sala VI de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la
Capital Federal confirmó la decisión de la jueza de
primera instancia que declaró extinguida por
prescripción la acción penal respecto de Miguel Angel
Espósito, y lo sobreseyó definitivamente por el hecho
cometido en perjuicio de Walter David Bulacio, por el
que fuera acusado (arts. 59, inc. 3 º, 62, inc. 2º,
144 bis, inc. 1º, con las agravantes previstas en los
incs. 2 º y 3º del art. 142, Código Penal). Contra
dicha resolución, el fiscal interpuso el recurso
extraordinario de fs. 85/90, concedido a fs. 129.
2º) Que el recurrente sostiene que el a quo, al
computar el plazo de prescripción de la acción penal,
omitió considerar el efecto interruptivo de actos
posteriores a la acusación de la querella, en
particular, de los diversos traslados a la defensa.
Según su punto de vista, "en una línea amplia sobre la
interpretación del término 'secuela de juicio', son
idóneos a esos fines todos aquellos actos procesales
que forzosa e inevitablemente deben ocurrir para que
el órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones
de resolver la cuestión de fondo o poner fin al
proceso de cualquier otra manera, aunque éstos fueran
dictados a petición de parte y como defensa de fondo".
3º) Que no corresponde que esta Corte revise por la
vía del art. 14 de la ley 48 lo relativo al alcance
amplio o restringido del concepto de "secuela de
juicio", en los términos del art. 67, párr. 4 º, del
Código Penal, por cuanto se trata de una cuestión que
remite al examen de temas de derecho procesal y común,
propios de los jueces de la causa y ajenos al recurso
extraordinario (Fallos: 304:596; 307:2504; 308:627 y
311:1960).
4º) Que, por lo demás, la decisión apelada no puede
ser calificada de arbitraria, pues ella encuentra
fundamento suficiente en el criterio sostenido
pacíficamente por el a quo en los precedentes que
cita, y la solución de fon do, en cuanto rechaza que
los actos de la defensa puedan tener efecto
interruptivo de la prescripción de la acción penal, de
ningún modo puede ser considerada un apartamiento
inequívoco de la solución normativa prevista para el
caso, sino todo lo contrario (conf. doctrina de
Fallos: 323:982).
5º) Que, por lo tanto, el recurrente ha limitado sus
agravios a una mera discrepancia con lo resuelto por
la cámara sobre temas no federales. Por regla general,
ello constituiría fundamento suficiente para rechazar
el recurso extraordinario introducido. Sin embargo, no
puede soslayarse la circunstancia de que en el sub
lite el rechazo de la apelación tendría como efecto
inmediato la confirmación de la declaración de
prescripción de la acción penal, en contravención a lo
decidido por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en su sentencia del 18 de septiembre de 2003
en el caso "Bulacio vs. Argentina", en el que se
declarara la responsabilidad internacional del Estado
Argentino Bentre otros puntos por la deficiente
tramitación de este expediente.
6º) Que la decisión mencionada resulta de cumplimiento
obligatorio para el Estado Argentino (art. 68.1,
CADH), por lo cual también esta Corte, en principio,
debe subordinar el contenido de sus decisiones a las
de dicho tribunal internacional.
7º) Que según se desprende de la sentencia
internacional citada, la declaración de la
prescripción de la acción penal en estos actuados
representaría una violación a los derechos
garantizados por la Convención Americana sobre
Derechos Humanos. En efecto, de acuerdo con el texto
de dicha decisión, en el marco de un acuerdo de
solución amistosa, el Estado Argentino reconoció su
responsabilidad internacional en el caso, en lo que
aquí interesa, en los siguientes términos: "El
Gobierno reconoce la responsabilidad por la violación
a los derechos humanos de Walter David Bulacio y su
familia, con base en la demanda efectuada por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ese
sentido se deja constancia de que Walter David Bulacio
fue víctima de una violación a sus derechos en cuanto
a un inapropiado ejercicio del deber de custodia y a
una detención ilegítima por incumplimientos
procedimentales" ( ' 32,1). Con relación a este punto,
el Estado reconoció que la detención fue ilegal, por
incumplimiento de las normas internas que obligan a
los funcionarios policiales a dar aviso a los padres,
informar a las personas menores de edad sobre las
causas de la detención y dar intervención a un juez
sin demora. Asimismo, se reconoció la responsabilidad
por la violación del derecho a la vida y la integridad
física, por un inapropiado ejercicio del deber estatal
de custodia, por la no adopción de las medidas de
protección que la condición de menor requería y por
haberse excedido los estándares internacionales en
materia de plazo razonable y en materia de recursos
efectivos ( ' 33).
En lo atinente a los recursos internos, la Corte
Interamericana tuvo por probado que en la presente
causa judicial, seguida por las lesiones y muerte de
Walter David Bulacio, se han producido diversas
actuaciones queorigina ron una dilación en el proceso
y "A la fecha no existe un pronunciamiento firme por
parte de las autoridades judiciales sobre el conjunto
de los hechos investigados. Nadie ha sido sancionado
como responsable de éstos" ( ' 69, A, 6).
Asimismo, se indica que desde que se corrió traslado
de la acusación del fiscal, la defensa del comisario
Espósito "promovió una extensa serie de diferentes
articulaciones y recursos (...) que han impedido que
el proceso pudiera avanzar hasta su culminación
natural, lo que ha dado lugar a que se opusiera la
prescripción de la acción penal" (' 113).
8º) Que según la Corte Interamericana "esta manera de
ejercer los medios que la ley pone al servicio de la
defensa, ha sido tolerada y permitida por los órganos
judiciales intervinientes, con olvido de que su
función no se agota en posibilitar un debido proceso
que garantice la defensa en juicio, sino que debe
además asegurar en tiempo razonable, el derecho de la
víctima o sus familiares a saber la verdad de lo
sucedido y que se sancione a los eventuales
responsables.
El derecho a la tutela judicial efectiva exige
entonces a los jueces que dirijan el proceso de modo
de evitar que dilaciones y entorpecimientos indebidos
conduzcan a la impunidad, frustrando así la debida
protección judicial de los derechos humanos" ('' 114 y
sgtes.). 9º) Que con relación a la "prescripción de la
causa pendiente a nivel de derecho interno", la Corte
Interamericana señaló, específicamente, que "son
inadmisibles las disposiciones de prescripción o
cualquier obstáculo de derecho interno mediante el
cual se pretenda impedir la investigación y sanción de
los responsables de las violaciones de derechos
humanos" (' 116).
10) Que, en consecuencia, la confirmación de la
decisión por la cual se declarara extinguida por
prescripción la acción penal resultaría lesiva del
derecho reconocido en este caso a las víctimas a la
protección judicial, y daría origen, nuevamente, a la
responsabilidad internacional del Estado Argentino.
Desde esa perspectiva, el ámbito de decisión de los
tribunales argentinos ha quedado considerablemente
limitado, por lo que corresponde declarar inaplicables
al sub lite las disposiciones comunes relativas a la
extinción de la acción penal por prescripción.
11) Que con independencia de que en la decisión de la
Corte Interamericana se hayan considerado Centre otros
elementos hechos reconocidos por el gobierno argentino
en el marco de un procedimiento de derecho
internacional del que no participó el acusado, resulta
un deber insoslayable de esta Corte, como parte del
Estado Argentino, y en el marco de su potestad
jurisdiccional, cumplir con los deberes impuestos al
Estado por la jurisdicción internacional en materia de
derechos humanos.
12) Que en cuanto al planteo de nulidad deducido por
el doctor Argibay Molina a fs. 298/299 contra la
resolución de fs. 257, esta Corte tiene dicho que sus
sentencias no son susceptibles del recurso de nulidad
y que, por vía de principio y con fundamento en el
carácter final de sus fallos, no resulta tampoco
admisible el incidente de nulidad (Fallos: 303:241;
306:2070; 311:458 y 1455, entre otros).
Por ello, habiendo dictaminado el señor Procurador
General, se rechaza la presentación de fs. 298/299, se
declara procedente el recurso extraordinario y se
revoca la sentencia apelada. Vuelvan los autos al
tribunal de origen a fin de que por quien corresponda
se dicte nuevo pronunciamiento de conformidad con la
presente. Hágase saber y, oportunamente, remítase.

ELENA I. HIGHTON de NOLASCO