Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires

Causa : "Procuradora General S.C.B.A. s/medida
cautelar anticipada"
 

La Plata, 7 de febrero de 2005.
AUTOS Y VISTOS
I. Que, sin que esto signifique adelantar un juicio
definitivo sobre la compatibilidad constitucional de
las diversas normas que configuran el sistema de la
ley 13.298, la presentación de fs. 53/61 advierte
sobre los efectos negativos que para el resguardo y
atención de los menores en la Provincia podrían prima
facie resultar de su inmediata entrada en vigor, en
particular cuando, tal como se denuncia, no se
encuentran garantizados recaudos suficientes en orden
a la participación especializada de organismos,
personas y recursos técnicos y materiales
indispensables.
II. Que del propio texto de la ley surge una
disparidad entre la derogación del sistema vigente y
el funcionamiento efectivo del que ha de reemplazarlo.
Confrontando los artículos 64 y 65 se advierte la
existencia de términos estrictos para la conclusión de
causas asistenciales referidas a niños en conflicto
con la ley penal y causas asistenciales de menores
internados, y una entrada en vigencia conforme a
prioridades imprecisas de las disposiciones
relacionadas con la constitución y funcionamiento de
los Servicios de Protección de Derechos.
III. Que a esas circunstancias se agrega todavía el
veto parcial de la ley en orden a aspectos
sustanciales de financiamiento, creando situaciones no
resueltas que pueden comprometer aún más su
operatividad inmediata.
IV. Que si bien la petición formulada por la señora
Procuradora General pareciera en principio
circunscribirse a disposiciones complementarias y
transitorias de la ley, la inclusión en ella de su
artículo 67 indica una extensión que supera ese
contenido.
V. Que no resulta plausible en un orden de cuestiones
tan delicado como el de la minoridad, regulado no sólo
por textos constitucionales sino aun por tratados y
convenciones internacionales de las cuales nuestro
país es parte, una vigencia que no sea la del conjunto
de normas que por su naturaleza tratan de conformar
una totalidad regulatoria.
VI. Que la habilitación de una línea telefónica
gratuita con horarios de atención restringidos
anunciada por la Subsecretaría de Minoridad de la
Gobernación de la Provincia resulta insuficiente para
resolver las situaciones que se denuncian, pareciendo
en todo sentido desproporcionada por defecto frente a
la magnitud de problemas y situaciones lacunarias que
se proponen y vislumbran.
VII. Que se encuentran configuradas en la especie las
circunstancias de verosimilitud del derecho y peligro
en la demora que exige la ley procesal para la
procedencia de medidas como la presente.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia
de Buenos Aires RESUELVE:
Hacer lugar, en el marco del proceso de
inconstitucionalidad anunciado a fs. 53, al pedido de
suspensión provisoria de la aplicación de la ley
13.298 con la extensión que resulta de los
considerandos expuestos, lo que significa la vigencia,
mientras dure la misma, de la legislación anterior
(arts. 204, 232, C.P.C.C.; 36 ap. 2º de la
Constitución de la Provincia).
Regístrese y notifíquese.
 
Eduardo Néstor de Lázzari - Héctor Negri - Francisco
H. Roncoroni - Luis E. Genoud - Eduardo J. Pettigiani
- Ricardo M. Ortiz. (Secretario)
 
DISIDENCIA:
1. Disiento con los distinguidos colegas preopinantes.
A fs. 53/61 obra la presentación efectuada por la
Procuradora General ante esta Suprema Corte de
Justicia, en la que solicita la suspensión de la
aplicación de los artículos 65, 66 y 67 de la ley
13.298, de "Promoción y Protección Integral de los
Derechos de los Niños" (B.O. 27-I-2005), que forman
parte de las "Disposiciones Complementarias y
Transitorias" del nuevo régimen.
2. La citada medida precautoria es requerida, de
acuerdo con los arts. 195, primer párrafo y 207 del
C.P.C.C., como "... anticipo de la demanda de
inconstitucionalidad" vinculada con la citada ley
13.298 (fs. 53), materia ésta que se halla comprendida
en los términos del Art. 161 inc. 1º de la
Constitución Provincial, lo cual determina la
competencia originaria del Tribunal para conocer en el
asunto.
3. El reproche de la reclamante se halla centrado,
básicamente, en una serie de omisiones de medidas de
implementación administrativa que la propia ley ha
previsto a los fines de una adecuada promoción y
protección de los menores.
4. Sobre esa base, la presentación de marras se
endereza contra las ya citadas normas complementarias
y transitorias de la ley 13.298, aunque, en rigor, al
pretenderse la suspensión de la cláusula derogatoria
del art. 67 de este texto normativo, se busca también
dotar de una transitoria ultra-actividad al régimen
del Decreto ley 10.067/83, mayor a la que resulta de
los términos del art. 65 de la norma legal
cuestionada.
5. Según una consolidada doctrina de este Tribunal el
examen de los requisitos a los que se halla sujeta la
procedencia de las medidas cautelares se torna
particularmente estricto en el ámbito de la acción
originaria de inconstitucionalidad, atento a la
presunción de validez de que gozan las leyes (doctr
causas B. 31.706, "Piérola" y sus citas, en "Acuerdos
y Sentencias", serie 20ª, t.VI, p. 390;  I. 1476,
"Oktedros S.A.", res. del 7-VIII-90; causa I 3521,
res. de 9-X-03, entre otras), exigencia que imprime de
una mayor profundidad a la ponderación de la
verosimilitud del derecho invocado por quién demanda
en este tipo de procesos.
6. Esa carga adicional deviene tanto más aplicable
cuando, como acontece en la especie, la pretensión
entablada no sólo procura la inaplicabilidad global de
un régimen normativo, sino, además, el
restablecimiento del vigor de uno abrogado.
7. En tales condiciones, no advierto que el voto que
antecede, menos aún la petición cautelar planteada,
abastezcan de la fundamentación requerida para impedir
la aplicabilidad de la ley 13.298 y al mismo tiempo
imponer la rehabilitación completa de los efectos del
llamado régimen de "patronato de menores", sin contar
previamente con unos elementos de juicio suficientes
para concluir prima facie en la irrazonabilidad o
inconsistencia de las determinaciones contenidas en el
nuevo cuerpo normativo.
8. Por ello, en atención a lo expuesto y a las
particulares circunstancias de la causa, considero
necesario, a los fines de evaluar la procedencia de la
medida de suspensión de un régimen legal como el
controvertido, requerir al Poder Ejecutivo que dentro
de los dos días elabore y presente ante esta Corte, un
informe detallado sobre los siguientes extremos: a)
cuáles son las medidas adoptadas para la
implementación del nuevo sistema de promoción y
protección de los menores; b) cuál es el tratamiento
que en la esfera del Poder Administrador y a partir de
la entrada en vigor de la ley 13.928 se asigna a los
asuntos asistenciales que involucran a menores; c) si
se ha designado la autoridad de aplicación del
sistema, prevista en el art. 16 de la citada ley; d)
si se han previsto las asignaciones presupuestarias en
ella contempladas a los fines de un adecuado
financiamiento del sistema; e) todo otro elemento que
resulte de interés para la resolución del asunto en
trámite ante esta Corte.
Regístrese y notifíquese.
 
Daniel F. Soria - Ricardo M. (Ortiz. Secretario)