NUEVO REGIMEN DE REGISTRO UNICO DE ADOPTANTES DE LA
PROVINCIA DE ENTRE RIOS.

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS

SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Registro de Aspirantes a Guardadores con fines de
Adopción y de Niños en Condiciones de Adoptabilidad.

CAPITULO I

Artículo 1º: Créase en el ámbito de la Provincia de
Entre Ríos el Registro Único de Aspirantes a
Guardadores con fines de Adopción, siendo la Autoridad
de Aplicación, el Excmo. Superior Tribunal de Justicia
de la Provincia, que establecerá las normas prácticas
de funcionamiento.

Artículo 2º: El Registro Provincial tendrá como
función:

a) La coordinación, recopilación, procesamiento y
archivo de los datos a consignar en las respectivas
listas previstas en la presente normativa legal;

b) La recopilación de los informes, estudios
profesionales, socio ambientales y de otra índole que
se realicen para el cabal conocimiento de los
pretensos adoptantes, todo lo cual formará parte del
legajo personal.

c) Confeccionar una estadística de los procesos en
trámite y que se inicien con el objeto de resolver
situaciones de preadoptabilidad, abandono, perdida o
suspensión de la patria potestad, la que será
actualizada semestralmente con la información que
deberán proporcionar los magistrados intervinientes.
Igual registro se hará de los casos aptos para
otorgar guardas de adopción.

d) Confeccionar un archivo con las copias de las
Sentencias de adopción que se guardarán en absoluta
reserva, con la finalidad de posibilitar únicamente a
los adoptados ejercer oportunamente el derecho a
conocer su identidad de origen;

e) Coordinar acciones y/o actividades con
instituciones públicas y oficiales que tengan por
objeto la protección de menores y/o actividades
relacionadas con la institución de la adopción.

CAPITULO II - De la nómina de aspirantes

Artículo 3º: Los interesados en obtener una guarda con
fines de adopción y cuyo domicilio real se encuentre
en el territorio de la provincia de Entre Ríos,
deberán inscribirse personalmente ante la Autoridad de
Aplicación, donde se le proporcionará el formulario
pertinente, que deberá ser completado y firmado
personalmente por los solicitantes con carácter de
declaración jurada, adjuntando la documentación
pertinente al momento de la presentación del
formulario.

Los trámites ante el Registro no requieren patrocinio
letrado.

El o los aspirantes radicados o residentes en otras
provincias argentinas deberán cumplir con el trámite
pertinente ante la misma y pueden ser considerados
como postulantes para esta provincia una vez que se
agote la nomina local, siempre que estuvieren
inscriptos en el Registro Nacional, o que su provincia
de residencia tuviere convenio con ésta. En esas
condiciones debe considerarse a la de Entre Ríos como
adherida al Registro Nacional.

Artículo 4º: Con cada solicitud de inscripción y la
documentación presentada se formará un legajo personal
para cada aspirante. Al mismo se le agregarán los
estudios e informes técnicos respectivos previstos en
esta normativa, como así también el resultado de la
entrevista jurídica y demás documentación que se crea
conveniente.

El legajo al que alude este artículo será secreto, y
solo tendrán acceso al mismo los aspirantes, sus
abogados patrocinantes, magistrados y funcionarios
judiciales, y organismos técnicos intervinientes.

Artículo 5º: En el legajo personal de cada aspirante a
guardador con fines adoptivos, deberán constar los
siguientes datos, como mínimo:

a) Número de orden, fecha de inscripción, apellido,
nombres, lugar y fecha de nacimiento, sexo, estado
civil, tipo y número de documento de identidad,
nacionalidad, domicilio real y legal si lo tuviere,
profesión u ocupación y certificado de residencia. En
su caso los mismos datos del cónyuge.

b) Datos completos de los hijos si los hubiere,
indicando: Apellido, nombres, fecha de nacimiento, si
es biológico o adoptado y en su caso si la adopción es
simple o plena, si vive o no, y si habitan con el
aspirante.

Número de menores que estaría en condiciones de
adoptar, edades, si acepta menores con discapacidad o
problemas de salud, o grupo de hermanos, y si
previamente ha tenido menores en guarda y resultado de
la misma;

c) Si se encuentra biológicamente imposibilitado de
concebir cuando ello fuere una exigencia para la
adopción (art. 315 Código Civil).

c) Evaluaciones técnicas-profesionales de los
postulantes y su núcleo familiar inmediato;

d) Indicación de la documentación acompañada.

Artículo 6º: Las evaluaciones que se menciona en el
inciso c) del artículo precedente, estarán a cargo de
los profesionales incorporados al Registro. En todos
los casos, las referidas evaluaciones deberán
producirse en un plazo máximo de un (1) mes desde el
momento de la presentación de la solicitud a la que
alude el artículo cuarto de esta ley.

El Registro contará con un equipo interdisciplinario
integrado por tres profesionales, con actuación en
toda la provincia conforme lo regulen las normas
prácticas.

Artículo 7º: Los informes interdisciplinarios
integrarán el legajo personal de los inscriptos en el
Registro y deberán estar agregados al efectuarse la
entrevista jurídica que se hará en forma personal e
indelegable por el Juez con competencia en la materia,
al momento de discernir la guarda preadoptiva.

Estos informes tendrán como único objeto, ponderar las
aptitudes que faciliten la realización del principio
del superior interés del niño a adoptar, del proceso
de desarrollo de sus aptitudes hasta el máximo de sus
posibilidades. En ningún caso, los resultados de los
mismos podrán constituir prejuzgamiento acerca de la
idoneidad o no de los entrevistados, materia que le
está reservada al Magistrado competente para entender
en adopciones.

Artículo 8º: Se observará el orden en el que fueron
inscriptos los pretensos adoptantes en el Registro,
aunque ello no conferirá derechos para el
otorgamiento de un menor en guarda pre-adoptiva, ya
que deberá primar en todo el proceso el interés
superior del menor, en consonancia con la Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño, adquiriendo
significativa relevancia el examen de la idoneidad y
aptitud maternales o paternales de los inscriptos. No
obstante, en cada caso, el Magistrado deberá agotar la
lista del Registro Provincial antes de recurrir al
Registro Nacional o al de las otras provincias.

Artículo 9º: Los pretensos adoptantes inscriptos en el
Registro Nacional o de otras provincias podrán
adjuntar los estudios realizados en la jurisdicción
que corresponda, sin perjuicio que posteriormente, al
momento de sustanciarse el proceso judicial, el
Magistrado interviniente requiera informes u estudios
actuales a realizarse por los profesionales del
Registro o, en su caso, por los integrantes del Equipo
Interdisciplinario del Juzgado de Familia competente.

Artículo 10º: Concluidas la totalidad de las
evaluaciones enumeradas en el artículo precedente, el
órgano de aplicación se expedirá mediante resolución,
admitiendo o denegando la inscripción. Las causas de
la negativa deberán fundarse en la falta de los
requisitos extrínsecos previstos en la Ley de
Adopción. La resolución será notificada en forma
fehaciente indicando, en su caso, el número definitivo
de orden.

Artículo 11º: Cuando la petición sea rechazada por la
falta de cumplimiento de los requisitos extrínsecos,
podrán los afectados plantear ante el mismo órgano que
se expidió la Revocatoria en el plazo de cinco (5)
días hábiles judiciales desde que fueron
fehacientemente notificados, conforme a las pautas que
indiquen las normas prácticas.

Si la decisión del órgano superior de aplicación
subsistiera, el recurrente podrá presentar nuevamente
su solicitud, acompañando la documentación exigida,
luego de haber transcurrido un año de aquella
denegatoria.

Artículo 12º: Las resoluciones dictadas admitiendo o
denegando la solicitud deberán ser incorporadas al
Legajo Personal de cada aspirante y asentada como nota
marginal en el respectivo Registro, dejando debida
constancia del número de resolución, fecha en que la
misma se dictó, si fue recurrida, en caso afirmativo
se deberá consignar la fecha del nuevo resolutorio que
confirmará o denegará el dictamen recurrido.

Las inscripciones de admisión de aspirantes tendrán
una vigencia de un año (1) al cabo del cual deberán
ser ratificadas por los inscriptos, caso contrario los
mismos serán automáticamente excluidos del Registro

Artículo 13º: Es requisito esencial de los
peticionantes hallarse admitidos en el correspondiente
Registro, previo al otorgamiento de la guarda con
fines adoptivos. Pero dicha inscripción no será
necesaria cuando existieren razones que justifiquen
apartarse de esta regla mediante resolución fundada,
atendiendo al superior interés del o los menores
adoptados, en los siguientes casos: a) adopción
integrativa, b) cuando el niño tenga capacidades
especiales o dificultades de salud, c) niños mayores
de cuatro años de edad o grupo de dos o más hermanos
d) cuando la identidad cultural del niño así lo
justifiquen, En todos los casos se respetará el orden
de prioridad de los residentes en esta provincia.

Cuando los padres, en ejercicio pleno y libre de la
patria potestad, deleguen la guarda en aspirantes
residentes en esta provincia, registrados y admitidos,
y el Juez competente valore la legitimidad y
conveniencia de ello para el superior interés del
niño, podrá homologar dicha guarda previa consulta con
la autoridad de aplicación.

Artículo 14º: Las personas que finalmente resultaren
inscriptas tendrán la obligación de comunicar
inmediatamente al Registro cualquier cambio que se
produjera en relación a lo declarado al momento de la
presentación de la solicitud de inscripción, tanto en
lo concerniente a su voluntad adoptiva como así
también la existencia de modificaciones relevantes que
hayan tenido lugar en el seno familiar, y/o en las
condiciones personales, domiciliarias, y de cualquier
otra índole de los inscriptos y de su núcleo familiar.
Esta obligación se ha de notificar en forma fehaciente
al inscribirse. El incumplimiento de los aspirantes
producirá la caducidad automática de la inscripción.

CAPITULO III - De la nómina de niños en condiciones de
adoptabilidad

Artículo 15º: El Registro de niños en situación de
adoptabilidad, estará a cargo del órgano de
aplicación y constará de dos secciones, a saber:

a) Niños susceptibles de adopción plena, incluirá
aquellos que enumera el artículo 325 del Código
Civil.

b) Niños susceptibles de adopción simple:
incluirá a quienes se encuentren en estado de abandono
o se den las circunstancias previstas por el artículo
20 de la Convención Internacional de los Derechos del
Niño; quienes se declare en estado de preadoptabilidad
aunque no se haya revocado la patria potestad; y
aquellos que pese a reunir los recaudos para la
adopción plena el Juez interviniente considerare que
ello favorece el interés superior del niño como regula
el art. 330 del Código Civil.-

Artículo 16º: En la Lista a la que se alude en el
artículo precedente deberán consignarse:

a) Edad y sexo del niño;

b) Si tuviere capacidades especiales y en tal caso
las necesidades propias de ello.

c) Si tiene alguna dificultad atinente a su salud y
en tal caso los cuidados especiales que demande.

d) Si la identidad cultural del niño demandare
cualidades similares de sus adoptantes.

e) Estado judicial del niño. A más de indicar las
factibilidades de adopción plena o simple, dirá si es
posible la conversión de la segunda a la primera.
Asimismo se dejara sentado si tiene otros hermanos en
similar condición.

Artículo 16º: La nómina de ambas secciones será
secreta y reservada, excepto para los Jueces y
Defensores de Pobres e Incapaces, competentes por la
materia. A fin de mantener actualizada dicha lista,
los Jueces que declaren el estado de adoptabilidad del
o los niños en proceso, deberán comunicarlo al
Registro dentro de las 48 que haya quedado firme la
resolución, no obstante la facultad de la Autoridad de
Aplicación de requerir periódicamente dicha
información a los titulares de los mencionados
juzgados.

Los aspirantes registrados tendrán acceso a las
estadísticas del Registro, en la forma que fijen las
normas prácticas.

Artículo 17º: Todos los agentes o funcionarios
públicos, directores de hospitales, maternidades,
centros neonatológicos, así como los profesionales,
técnicos y trabajadores de o relacionados con los
servicios de salud privados o públicos que en razón de
su tarea hayan tomado conocimiento de la situación de
abandono de un menor o de la determinación de sus
progenitores de darlo en adopción, o de no hacerse
cargo de su crianza, deberán notificar fehacientemente
al Juzgado de Familia y Menores y/o Juez competente en
turno y/o Defensor de Pobres y Menores, dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas de conocida la situación
remitiendo la totalidad de los informes con que
contaren. El incumplimiento será denunciado como
omisión de los deberes a cargo.

Artículo 18º: En los supuestos previstos por el
artículo 20 de la Convención Internacional de los
Derechos del Niño, el Juez competente podrá abrir un
proceso sumario tendiente a declarar el estado de
preadoptabilidad del o los niños en esa situación.

A tal fin se tendrán en cuenta los siguientes
indicadores:

a) Que los propios padres del niño no puedan
ocuparse de él o sus cuidados sean inapropiados. (ONU
Resolución 41/85, del 3-12-1986; Principios de
protección de los niños, con referencia a la adopción
y la colocación en hogares de guarda).

b) Que no exista un ambiente familiar de
estabilidad y bienestar, los intentos de la comunidad
por ayudar a los padres en este aspecto hayan
fracasado y la familia extensa no pueda ya cumplir esa
función. (Nº 14 Directrices de Riad 14-12-90).

En cualquier estado, si el interés superior y el
proceso de desarrollo del niño lo hicieren
aconsejable, el Juez podrá ordenar medidas cautelares
de protección cuidando que no se excedan en el tiempo
de duración.

La declaración de preadoptabilidad solo habilita la
colocación en guarda de adopción y posteriormente la
adopción simple.

Artículo 19º: Los expedientes de adopción no podrán
ser destruidos ya que se deberá garantizar en todo
momento al adoptado la posibilidad de conocer su
origen filiatorio y tener acceso al expediente
respectivo una vez alcanzada la edad de 18 años (art.
328 Código Civil) y siendo menor de edad pero mayor de
14 años (art. 921 Código Civil), podrá hacerlo con la
participación necesaria del Ministerio Público de
Menores.

Disposiciones transitorias

Artículo 20º: A fin de dar comienzo al funcionamiento
del presente Registro se deberá:

1. Adherir al Registro Nacional creado por ley Nº
25.854 en las condiciones de la presente ley y las que
resulten de las normas practicas de funcionamiento que
habrá de dictar la Autoridad de Aplicación, esto es el
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre
Ríos.-

2. Suscribir convenio con otras provincias a los
fines de facilitar la mejor aplicación de la presente
ley.

Artículo 21º: Las guardas que hasta el día de la
publicación de la presente normativa se encuentren en
trámite ante los Juzgados con competencia en la
materia no podrán ser alteradas en el estado procesal
existente, ni se deberán comunicar al Registro Único
las sentencias salvo que no se hiciere lugar a su
otorgamiento.

Artículo 22º: De forma