Absolvieron a un hombre invocando la "diversidad cultural" 
sobre el estupro.
Tuvo hijos con sus dos hijastras, con quienes vivía en la 
meseta de Somuncurá.
 El fiscal dijo que cometió los delitos por "error o ignorancia de 
hecho no imputable

 
SAN CARLOS DE BARILOCHE, 26 de diciembre de 2002 .- En un fallo inédito, que promete generar arduas polémicas sobre su eje principal, la Cámara Segunda del Crimen absolvió a un poblador de la estepa rionegrina, de 63 años, que había sido acusado de "violación por el uso de fuerza o intimidación" y mantenía relaciones sexuales con las dos hijas menores de su mujer, las que concibieron hijos suyos.
La cuestión de fondo la zanjó en su alegato el fiscal Carlos López, al retirar la acusación y solicitar la absolución del imputado, citando cuestiones de diversidad o relativismo cultural y entendiendo que el procesado había cometido los delitos por "error o ignorancia de hecho no imputable", aunque las normas penales argentinas no aceptan todavía el "error de prohibición".
Pese a que la postura asumida por el fiscal dispensaba a los jueces de la obligación de fundamentar su voto -en este caso necesariamente absolutorio-, el juez Miguel Ángel Lara aprovechó la oportunidad para exponer su pensamiento, en un todo de acuerdo con la argumentación del fiscal López.
El juez César Lanfranchi se limitó a adherir a la absolución, sólo en función del alegato del fiscal, pero su colega Edgardo Camperi manifestó que adhería "obligado", y en su voto dejó en claro que, a su criterio, el imputado había accedido carnalmente a las menores mediante violencia, "lo que constituye lisa y llanamente el ilícito de violación, sin que ningún relativismo cultural pueda venir en auxilio del autor".
La cuestión central, lejos de dirimirse en este fallo quedó abierta a la discusión y a la polémica, y pone en crisis al sistema educativo, porque si bien el acusado y la madre de las presuntas víctimas son analfabetos, las menores habían sido escolarizadas y aceptaron sumisas el sometimiento sexual.
Los hechos denunciados por Guillermina M. se remontan a abril de 1992 y ocurrieron en el paraje Quiñiguao, cerca del cerro Solitario, en la meseta de Somuncurá, a unos 60 kilómetros de El Caín y a casi 180 kilómetros al sudeste de Maquinchao. Sin embargo, habría que buscar el antecedente un tiempo antes, cuando Guillermina quedó viuda con sus dos hijas mujeres, y el imputado, Luis M., que era su vecino, formó pareja con ella y proveyó al grupo familiar de alimentos, protección y afecto.
La vida de la mujer y sus dos hijas transcurrió sin contratiempos, hasta que a mediados del 2000 quedó embarazada la menor de las hermanas, Nélida M., e intervino una familiar de Guillermina -un agente transcultural, a juicio del psicólogo forense-, para que denunciara a Luis M. como violador de sus hijas.
Entonces la mujer denunció Luis M. por lo sucedido a Nélida M., y agregó que también había accedido carnalmente a su hija Antonia M. desde abril de 1992, cuando tenía 12 años de edad, en ocasiones por la fuerza y en otras bajo amenazas, hasta que la menor quedó embarazada del mismo a mediados de 1995.
Ante el tribunal, Luis M. dijo que cuando mataron a su marido la mujer "vino a que las mantenga, y después se iba a Maquinchao y lo dejaba solo con las chicas".
Afirmó que "fue por gusto de ellas, no las forcé", y comentó que pensaba que lo que hacía estaba bien, porque su vecino también lo hace. Y esa situación quedó por lo menos en duda cuando al ingresar a la sala de audiencias, tanto la denunciante como cada una de las presuntas víctimas, en forma individual y antes de declarar, saludaron con un beso en la boca al imputado, al que hacía ocho meses que no veían.

Limitaciones socioculturales

La causa llegó a juicio con un informe del psicólogo forense Oscar Benítez, que abrió las puertas a la absolución al definir las limitaciones socioculturales del imputado y conducir la interpretación hacia el fenómeno del relativismo cultural. "No se trata de pautas personales, caprichos, posiciones o intereses personales, sino de comportamientos propios de una sociedad en relación a estándares culturales aceptados por el grupo", argumentó Benítez, quien remató su concepto advirtiendo que "sólo a partir de la intervención de agentes transculturales los hechos pasan a considerarse como pasibles de otras interpretaciones y consecuentes valoraciones".
El psicólogo completó su informe recordando que el imputado se había hecho cargo "de la crianza compartida de los niños y el otorgamiento de afecto a los mismos y a sus madres, y de las necesidades materiales del grupo implicado. Por último, informó que el examinado no evaluaba sus acciones "en términos de bien y mal, sino en términos de lo bueno y lo malo, según las concepciones culturales en las que se halla inserto".
Durante el debate quedó claro que ninguna de las mujeres quería que Luis M. estuviera preso. Antonia M., declaró que "le hizo un hijo porque porfiaba que se tenía que dejar, pero a él nunca le dijo que no quería hacerlo". Nélida M., en cambio, aseguró que quería tener relaciones con el imputado y dijo que no sabía por qué su mamá lo había denunciado. Y Guillermina, la denunciante, pidió que Luis M. no quede preso porque sus animalitos están solos, y dijo que lo ocurrido a sus hijas no era importante.

El fiscal López sacudió la inercia del derecho positivo
Luego de situar la acción en el ambiente geográfico y social de Quiñiguao-Cerro Solitario, y de recordar que el imputado no conoce los números ni las edades, el fiscal López recordó palabras del jurista Raúl Zaffaroni, y también puso en tela de juicio la premisa de que "el derecho se presume conocido por todos".
El fiscal inició su alegato con la convicción de que Luis M. no podía seguir preso y anticipó que pediría la absolución por tratarse de un caso excepcional.
Por el hecho que involucra a Nélida M. el fiscal consideró que las relaciones habían sido libres y que sólo podía juzgarse el hecho por el cual tuvo un hijo, con 18 años y sin prueba de violación.
Respecto de Antonia M., López entendió que había tenido el hijo con 15 años, en 1996, y que por la norma anterior podría tratarse del delito de estupro, pero no se había podido demostrar que hubiera habido violencia o una situación de perversión, y tampoco existía una denuncia genuina.
Al introducir el tema del relativismo cultural o error de comprensión como causa de inimputabilidad, el fiscal expuso que con la Nueva Constitución hay tratados internacionales que están por encima del Código Penal, y se manifestó identificado con esa corriente. 
Interpretó que en un caso el imputado no sabía que cometía un delito y que podía ser condenado hasta a 20 años de prisión, y que en el otro estaba acreditado que no había existido el uso de fuerza. Por eso entendió que cabía solicitar la absolución por los dos hechos denunciados.
 

PARA ABRIR FUEGO : 
  La pariente de Guillermina que interviene ¿es un agente transcultural? ¿ o una persona legítimamente preocupada por sus sobrinas? 
                                       ¿se cumple así la Convención sobre los derechos del niño, o estamos discriminando a Antonia, embarazada a los quince años por el concubino de la madre, por ser aborigen, y por lo tanto “exenta” de protección porque sus mayores no “conocen” la ley ?
                                        ¿Prevaricó el fiscal, en quien delegamos la acción pública?
                                        ¿A qué tratado  superior  se refiere? Ninguno desincrimina el estupro 
                                        ¿No será esto lisa y llanamente, el antiguo machismo?